La Asociación contra la Tortura se personó en tres causas abiertas en los juzgados melillenses: la muerte de un musulmán en la Comisaría de Policía, la presunta detención ilegal de los subsaharianos y la supuesta malversación de fondos en su traslado a los países africanos con los que el Gobierno español había logrado un acuerdo a cambio de dinero público. La asociación anunció que iba a pedir que los centroafricanos fueran llamados a declarar, lo cual podía poner en serio aprieto a la institución, al no estar localizables. Asimismo, los pilotos de los aviones utilizados para la expulsión de inmigrantes aseguraron que siempre se les administraba sedantes, aunque altos dirigentes del PSOE y anteriores responsables del Ministerio del Interior lo negaran.
