La propuesta del juez decano de poder utilizar el edificio del Banco de España para el Registro Civil no es nada descabellada, ya que los melillenses podrían recuperar un edificio emblemático que el Gobierno de Zapatero les birló sin luz ni taquígrafos La puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial ha reabierto un asunto del que mucho se habló en su día, hace algo más de dos años, cuando el anterior Gobierno de Zapatero decidió cerrar la sede del Banco de España, mantenerla un tiempo vacía, y dedicar posteriormente el edificio a una clínica militar. Una medida que no se entiende ni en la forma en que se adoptó ni tampoco por el fondo, puesto que resulta ilógico que un edificio tan emblemático, como es el del Banco de España, situado en pleno corazón de Melilla, se haya dedicado a un centro sanitario dedicado a un único colectivo social. Bien es cierto que los militares constituyen un peso importante en la sociedad melillense tanto por el número como por los méritos y la historia, pero eso tampoco es argumento suficiente como para que un edificio público que era de toda la ciudadanía se destinara únicamente a un estamento, el militar, y mucho menos cuando éste ya contaba con uno en la Plaza de España, el Casino Militar, ubicado justo al lado del antiguo edificio financiero.
La clínica que ahora alberga el edificio del Banco de España bien podría haber estado situada en otro inmueble de la ciudad, o incluso en alguno de los acuartelamientos que el Ejército tiene en Melilla, algunos de ellos muy nuevos como es la Base Militar Alfonso XIII. De hecho, el proyecto del futuro Hospital Universitario incluye la instalación de la Clínica Militar Doctor Pagés, con una extensión de más de 800 metros cuadrados.
El PSOE nunca explicó el porqué de la decisión de ocupar el Banco de España de esta forma, sin anunciarlo tampoco previamente, y que desde la Ciudad Autónoma se vio en su día como un intento de boicotear sus planes de instalar en ese edificio una sede universitaria con la implantación de nuevas titulaciones universitarias. De ser así, una batalla política entre las dos grandes formaciones políticas termina perjudicando al conjunto de los ciudadanos, que han perdido la oportunidad de recuperar un edificio para un uso de interés común para toda la población.
Uno de esos usos podría ser el que ahora propone el juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, para que el antiguo Banco de España albergue el Registro Civil. No es una idea descabellada si se tiene en cuenta el lamentable estado en el que se encuentra su actual sede, en la planta baja de las Torres V Centenario, con escasa capacidad y medios técnicos, que obliga a los melillenses a madrugar para hacer trámites tan básicos como sacar una partida de nacimiento o inscribir a sus hijos. Una sede que no está adaptada para las personas con movilidad reducida, que se ven obligadas a entrar por la puerta trasera, y que dada su ubicación junto al mar hace insoportable la espera a la intemperie cuando hace mal tiempo.
La propuesta del juez decano de poder utilizar el edificio del Banco de España para el Registro Civil no es nada descabellada, porque además se podría adecuar el juzgado de guardia, actualmente muy limitado por verse obligado a compartir la planta baja de las Torres. Y sobre todo, los melillenses recuperarían un edificio emblemático que el Gobierno de Zapatero les birló sin luz ni taquígrafos.
