David Lucia, por entonces, nuevo consejero de Obras Públicas y diputado electo por el GIL en la Asamblea de Melilla, tenía previsto entre sus proyectos iniciales impulsar una mesa de trabajo o Comisión de la Cañada de Hidum, para resolver el problema de las viviendas del barrio, construidas arbitrariamente, de forma ilegal en la mayoría de las ocasiones y sin observar los requisitos imprescindibles que certificaran su seguridad.
El político se refería tanto a la situación de ilegalidad como al desorden que la anárquica construcción del barrio le estaba llevando a extremos de gran riesgo para sus habitantes porque en los casos de siniestro se provocaban situaciones en que el acceso de ambulancias, coches de bomberos y otros servicios de auxilio, resultaba prácticamente imposible de realizar.
