El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, defendió ayer la “necesaria” transferencia a las comunidades autónomas de las competencias de la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad. Así lo aseguró durante la inauguración de los XXV Cursos Internacionales de Verano 2016 de Melilla, organizados por la Universidad de Granada y por la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación Melillense de Estudios Penitenciarios.
Durante la lección inaugural de los cursos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias dedicó su intervención a realizar un breve repaso de la evolución histórica de la sanidad penitenciaria en nuestro país. En ese sentido, destacó cómo se ha incumplido sistemáticamente primero la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, en cumplimiento de la Ley General de Sanidad de 1986, y, posteriormente, el traspaso de esta competencia a las Comunidades Autónomas, tal y como fija la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.
Pese a que la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud prevé la asunción total por las Comunidades Autónomas de la asistencia sanitaria a los internos de los centros penitenciarios, trece años después, ha recordado, “todavía no se ha dictado el necesario desarrollo reglamentario”.
En este escenario, desde 1986 hasta la actualidad se “ha incumplido sistemáticamente” la disposición final segunda de la Ley de 1986, que hubiera dado lugar a una integración global de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud.
“En la actualidad, nos mantenemos, por tanto, en un modelo mixto, difuso, con normas legales penitenciarias de rango insuficiente, que violentan el principio de jerarquía normativa”, alertó Ángel Yuste.
En este tiempo, sólo el País Vasco ha asumido la transferencia de la sanidad penitenciaria, que, a su juicio, exigen de “forma tan nítida y expresiva” las Leyes General de Sanidad y la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Mientras, el Ejecutivo catalán, único Gobierno autonómico que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, traspasó en 2006 la sanidad penitenciaria a su Instituto Catalán de Salud y, de esa forma, se integró en el sistema sanitario público.
Para Yuste, una vez se consolide la integración de la asistencia sanitaria en las autonomías, la prestación farmacéutica en el ámbito penitenciario se debería prestar también a cargo de las comunidades autónomas para los internos que reúnan la condición de asegurado.
Mientras, los depósitos de farmacia penitenciaria deberían depender de las farmacias hospitalarias de los hospitales de referencia, tal y como fija la legislación vigente.
Dejó claro que ningún interno se quedaría sin el acceso a una asistencia sanitaria de calidad, tal y como ya ocurre hoy en día.
Por ello, situó bajo la órbita de la financiación de la Administración penitenciaria de forma finalista la atención a los reclusos que no tengan, por cualquier causa, la condición de asegurado del sistema público de Sanidad, en cumplimiento estricto de la legalidad vigente.
