La formación política liderada por José Miguel Tasende ha pedido que se aclare el coste de las pruebas óseas que determina la edad de los menores no acompañados y asegura que el Ejecutivo debe ser transparente. El viceconsejero del Menor y Familia, Abderrahim Mohamed, declaró a los medios de comunicación hace unos días que la Ciudad Autónoma no tiene por qué pagar el coste de las pruebas oseométricas que se les realiza a los menores extranjeros no acompañados para determinar su edad. “Son estudios de radiología que se hacen para confirmar si son menores de edad o no, pero estas pruebas fallan en algunas ocasiones”, asegura Vox Melilla.
Este estudio se limita a una radiografía de la muñeca izquierda, a la vista de la cual y por la disposición de los huesos, el médico forense puede determinar la edad de la persona. Se trata de una prueba habitual en la que se toma una placa de la mano izquierda y de frente que incluye también parte del brazo, lo que permite analizar la longitud de los huesos y valorar el denominado cartílago del crecimiento.
Su comprobación mediante estándares de referencia internacional determina la edad de una persona, con un margen de error de uno o dos años. “Es decir que, en el caso extremo, podría considerarse menor de 18 años a una persona que en realidad tiene 20”, afirma la formación política liderada por Tasende. Y añade:
“Aún con ese margen, este sistema se usa porque es sencillo, rápido y, en principio, económico porque una radiografía de este tipo cuesta a partir de 9 euros”.
Lo sorprendente de estos hechos viene cuando el viceconsejero del Menor afirma que el Ingesa le ha reclamado este mes a la Ciudad un total de 247.000 euros por la realización de 51 pruebas. “Parece imposible, porque dividiendo resulta que cada prueba costaría la friolera de 4.843 euros”, apostilla Vox Melilla. Aunque el coste de la atención a los menas es un tema que a algunos no les gusta mencionar, lo cierto es que para Vox Melilla debería “aclararse cuánto cuesta a las arcas públicas este capítulo”, ya que, igual que se habla del coste de las pensiones, del coste de la sanidad o de la educación, sin que ello signifique un desprecio hacia los jubilados, los enfermos o los estudiantes, “debería hablarse de estos gastos con claridad”. “Además del cinismo que supone que la Administración no quiera hablar de esto, pero luego todos se quieren quitar la factura de delante, ya que el Ingesa se la pasa a la Ciudad, ésta la rechaza, y eso que al final va a pagar el mismo de siempre: el sufrido contribuyente”, sentencian.
