La primera jornada del seminario ‘La relación de la persona libre y privada de libertad: problemática actual’ contó con el gerente de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, José Suárez Tascón; y el subdirector general de Políticas Activas de Empleo del SEPE, Jesús Barroso, como ponentes. Insistieron en sus intervenciones en que la formación es el primer paso para la reinserción de los reclusos y en su incidencia en el interior de los centros penitenciarios. Señalaron que en torno a 12.500 presos desempeñan trabajos y están afiliados a la Seguridad Social. Ayer quedó inaugurado el tercer y último seminario que forma parte de los ‘XXVI Cursos Internacionales de Verano’. Lleva por nombre ‘La relación laboral de la persona libre y privada de libertad: problemática actual’ y está coordinado por Juan Rafael Benítez Yébenes, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga y juez de Vigilancia Penitenciaria de Melilla.
Los primeros ponentes del seminario que estará desarrollándose en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) hasta el próximo día 21 de julio fueron José Suárez Tascón, gerente de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) y Jesús Barroso, el subdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Ambos incidieron en sus intervenciones en las grandes ventajas que supone parar las personas privadas de libertad el acceso a la formación que se permite en los centros penitenciarios. Una formación que, pusieron de manifiesto, en ocasiones supone «el primer título» certificado que obtienen los presos en sus vidas y que es el primer paso hacia la reinserción laboral.
12.500 reclusos con trabajo
Explicó Tascón que actualmente hay en torno a 1.700 presos que trabajan en las cocinas de los centros penitenciarios, así como otras 800 personas privadas de libertad que, tras recibir la formación pertinente, se encargan de la elaboración del pan. «Todas reciben retribución y gozan de los beneficios de la Seguridad Social», incidió.
A raíz de los cursos talleres que se imparten en los centros, unas 12.500 personas están ocupadas mientras cumplen condena. «Desearíamos tener más», reconoció Tascón. Incidió en que, en la medida de lo posible, se trata de vincular la formación para el empleo con las actividades que se dan en los centros penitenciarios.
Por otro lado, Barroso quiso poner en valor el «esfuerzo» que hace el SEPE en materia de Políticas Activas de Empleo para mejorar la empleabilidad de las personas privadas de libertad. Señaló que anualmente el SEPE destina unos 4,5 millones de euros para la formación de los reclusos, partida a la que hay que sumar los cerca de 3 millones de euros de las bonificaciones para la Seguridad Social.
Insistió el subdirector de Políticas Activas de Empleo en que lo que se busca es mejorar lo máximo posible la cualificación de los presos. «Mientras estén en centros penitenciarios pueden adquirir formación y trabajar, algo que luego les puede ayudar a integrarse a la vida normal para que empiecen a trabajar lo antes posible».
