El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una resolución en la que determina la ilegalidad de la extradición a Marruecos de Ali Aarrass, un ciudadano belga de origen melillense acusado de pertenecer a una célula terrorista y tráfico de armas, que fue condenado por un tribunal marroquí a 15 años de prisión. Según informó ayer en rueda de prensa el abogado melillense de Aarrass, Nayim Mohamed, esta resolución asegura que “España no evaluó adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos” que había sobre Ali Aarrass en caso de ser extraditado, como así ocurrió el 14 de diciembre de 2010 por una decisión del Consejo de Ministros del Gobierno español. Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que la extradición de Aarrass “constituyó una violación del artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York en 1954 por numerosos países, entre ellos España, que se ha adherido a lo largo de los últimos 50 años a los protocolos de dicho pacto.
En esta resolución, fechada el pasado 28 de agosto y que fue comunicada hace unos días, el Comité de Derechos Humanos obliga a España a proporcionar una compensación económica adecuada a Ali Aarrass por los actos de tortura y malos tratos a los que fue expuesto como consecuencia de su extradición a Marruecos, algo que da por hecho en una resolución anterior.
También obliga a España a tomar todas las medidas de cooperación posibles con las autoridades marroquíes para “asegurar una investigación efectiva del trato que ha recibido” Ali Aarrass desde que fue extraditado a Marruecos “para evitar que se cometan violaciones semejantes en un futuro”.
Críticas contra el Gobierno ZP
Todas estas medidas deben ser adoptadas por España en un plazo de 180 días, dijo el abogado melillense, que fue muy crítico con el Gobierno español de la época, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo ministro del Interior era entonces Alfredo Pérez Rubalcaba. El delegado del Gobierno en Melilla era entonces el actual secretario general del PSOE, Gregorio Escobar.
Las críticas del abogado se deben a que, según explicó, España “hizo caso omiso” a una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU emitido el 26 de noviembre de 2010, en el que se solicitaba al Gobierno que tomara medidas cautelares para que Ali Aarrass no fuera extraditado mientras se estudiaba su caso. La ONU pedía así que se paralizara la extradición de Aarras a Marruecos que había acordado el Consejo de Ministros solo una semana antes.
Sin embargo, la representante de España en la ONU presentó alegaciones a esta resolución, según Nayim Mohamed basándose en tres consideraciones falsas y, por lo tanto, “sin ninguna viabilidad de prosperar”. En concreto, la representante alegó que no se podía prolongar la detención en prisión, que el caso había sido enjuiciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que contra el acuerdo del Consejo de Ministros cabía recurso contencioso administrativo.
Sin embargo, Nayim Mohamed aseguró que las tres alegaciones eran mentira, ya que Aarras fue detenido en abril de 2008 y el periodo de prisión provisional es de dos años prorrogables por otros dos, de modo que aún le quedaba año y medio por delante para que el Comité resolviera. Respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el abogado dijo que solo se interpusieron alegaciones en ese organismo, que no entró al fondo del asunto, sino que se quedó en el plano procedimental. Además, recordó que los acuerdos del Consejo de Ministros implican acto de soberanía que no tienen control jurisdiccional de ningún tipo.
Posible demanda contra el Consejo de Ministros
Para el abogado melillense, estas alegaciones que presentó la representante de España ante la ONU eran una forma de “ocultar que por la puerta falsa se estaba extraditando a Ali Aarras”. Además, se mostró convencido de que se trató de una “jugada” por parte del Gobierno de Zapatero, porque “no iba a pasar nada si el Comité sentenciaba una indemnización económica”, habida cuenta que “el dinero no es de ellos, sino de todos” porque “lo va a pagar el Estado”.
Mohamed destacó la gravedad de este asunto porque “se produce por primera vez en nuestro territorio situaciones anómalas con un país que incumple sistemáticamente los convenios internacionales como es Marruecos”, por lo tanto considera que “el Gobierno español debe actuar en consecuencia” aunque ahora sea distinto al de 2010.
No obstante, apuntó a la posibilidad de que se interpongan “las pertinentes acciones penales” contra el Consejo de Ministros que acordó la extradición de Ali Aarras porque “lo que no puede ser es que estos señores se vayan de rositas” después de que “tomaron la decisión de saltarse a la torera las normas y el Estado de Derecho”.
Esta resolución se produce más de un año después de una anterior emitida también por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se instaba a Marruecos a que liberara a Ali Aarrass, si bien el abogado melillense afirmó ayer que no se han vuelto a tener noticias al respecto porque Marruecos no ha cumplido. En el caso de la resolución que afecta a España, se mostró convencido de que el Gobierno español “va a cumplir” porque es un Estado social y democrático de Derecho.
