La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recoge la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes ya está lista para debatirse en el Congreso, después de que terminase el plazo sin que el Gobierno vetase la iniciativa por impacto en su autonomía presupuestaria, bien por exceso de gasto o por merma de ingresos. La medida, de ponerse en marcha, beneficiaría a un número indeterminado de personas indocumentadas que se encuentran en Melilla
Al ser una ILP, el texto, registrado en el Congreso en la pasada legislatura, no decayó al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones el pasado mes de julio. Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa.
Así lo hicieron hasta 800 ONG que se unieron en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Según estas entidades, este colectivo supone el 12% de la población extranjera total del país, es decir, entre 405.000 y 446.000 migrantes. Sin embargo, sólo Cáritas Española ha informado de que en 2022 acompañados a casi 500.000 personas en situación administrativa irregular.
Esta propuesta nació tras las evidencias de que esta parte de la población española había ejercido labores esenciales –especialmente las de cuidados– durante la pandemia del Covid-19. Las ONG reclaman que su trabajo en estas circunstancias sea reconocido a través de la regularización de su situación administrativa.
Durante la pasada legislatura, el texto fue validado por la Mesa de la Cámara baja y en el mes de mayo varios impulsores de la misma presentaron el proyecto ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, en donde pidieron la colaboración de las formaciones para sacar adelante la iniciativa. Ahora deben volver a presentarla en la misma Comisión, que está pendiente de poner fecha para que los promotores vuelvan a defenderla.
Cabe destacar que durante la pasada presentación de las ONG a los partidos en la Comisión, PP y Vox se mostraron contrarios a ponerla en marcha, mientras que el PSOE aseguró «no tener miedo» a debatirla, pero apostó por otras medidas puestas en marcha por el Gobierno y que, a su juicio, están ayudando a la regularización de personas en situación irregular en España. Durante el pasado debate de investidura, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Seguridad Social, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar a cabo esta regularización.
