Un total de 74 organizaciones denuncian ante la ONU “vulneración de derechos” tras la tragedia en la valla

En la carta enviada, señalan que «la respuesta desproporcionada mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales –tanto del Estado marroquí como del Estado español– provocó la muerte de al menos 37 personas”

Un total de 74 organizaciones sociales han enviado una carta a las Relatorías de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, para reclamar responsabilidades por «las vulneraciones de derechos en la Frontera Sur», ante la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde fallecieron al menos 23 personas, según las cifras oficiales o 37 según las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En la misiva, las organizaciones firmantes –entre las que se encuentran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Entreculturas, Médicos del Mundo, Red Acoge, Save the Children o el Servicio Jesuita a Migrantes, entre otras– solicitan que los hechos sean «investigados y enjuiciados» y piden una visita al lugar de los hechos para impulsar un diálogo entre España y Marruecos para que se adopten las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder.
«La respuesta desproporcionada mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales –tanto del Estado marroquí como del Estado español– provocó la muerte de al menos 37 personas, cientos de heridos, expulsiones sumarias, deportaciones, detenciones arbitrarias, e incluso se ha registrado la entrada a territorio español de los agentes estatales marroquíes para ejecutar las expulsiones», señalan. Las ONG aseguran que estos sucesos responden a la «externalización de fronteras» que «pone en riesgo la vida de las personas».
Por ello, han solicitado una comunicación oficial a España y Marruecos para que se investiguen y enjuicien tanto los casos de privación de la vida y las lesiones ocasionadas a las personas migrantes, como las prácticas de extradición, deportación o traslado forzoso de las personas que fueron detenidas.
Además, han solicitado una visita conjunta de estas Relatorías al lugar de los hechos con el fin de interesarse por lo sucedido e impulsar un diálogo con ambos gobiernos para que sean adoptadas las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan.

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