El pasado jueves el Congreso de los Diputados rechazaba el Real Decreto Ley que pretende "liberalizar" el sector de la estiba. Un sector, que en la ciudad integran unos 18 trabajadores y cuya reforma afectará a unos 16 empleados. Francisco Ruiz, delegado de personal de los estibadores en Melilla represando al Sindicato Marítimo Portuario explica que tanto sindicatos como trabajadores son los "primeros" en que quieren acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es que sino España tendrá que pagar hasta 27.522 euros. Sin embargo, consideran que la reforma del Gobierno va más allá, dado que incluye el despido progresivo en 3 años de todos los trabajadores de la Sagep, algo a lo que no obliga la sentencia. Francisco Ruiz Narváez, delegado de personal del sindicato del Mar, es uno de los dirigentes sindicales del sector de la estiba que en Melilla está formado por unos 16 trabajadores de régimen laboral especial, que es el que afecta principalmente la reforma, y dos empleados en régimen laboral común que dependen de dos de las empresas de la ciudad.
"Somos los primeros que queremos acatar la sentencia del Tribunal Europeo", explica Ruiz quien relata que las cláusulas del Real Decreto Ley que fue rechazado este jueves en el Congreso de los Diputados incluye condiciones que no están relacionadas con la sentencia.
Entre otras, apunta, que en un periodo de tres años todos los trabajadores pertenecientes al conjunto de empresas dedicadas a la manipulación de mercancías agrupadas en la Sociedad Anónima de Gestión de trabajadores Portuarios (Sagep) "tienen que ser despedidos".
Esta es la razón, agrega, por la que tanto partidos, como sindicatos e incluso alguna autoridad portuaria como la de Algeciras han mostrado su apoyo a los empleados. "Están yendo más allá de la sentencia y están aprovechando en beneficio de las empresas multinacionales y no de los trabajadores", lamenta Ruiz.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), describe el delegado de personal, dice que hay que cambiar lo que señala la Ley de Puertos, y es que las empresas que quieran realizar trabajados de manipulación de mercancías deben de requerir el personal a la Sagep, algo que asumen tanto sindicatos como trabajadores.
Es por ello, que los sindicatos y trabajadores reclaman que se "subroguen" los empleados como ocurren en otros sectores cada vez que aterriza una empresa nueva en un determinado sector. Ruiz advierte que esta propuesta no ha recibido negativa alguna de la UE tras ser consultado.
Por otro lado, proponen que posteriormente los trabajadores despedidos que eran fijos o cualquier persona puedan trabajar en unas Empresas de Trabajo Temporal como empleados temporales. "Quieren destruir 6.000 trabajos indefinidos, pero sustituirlos por los mismos pero con trabajo temporal".
El Gobierno del PP, dice Ruiz con ciertas reticencias a hablar sobre partidos, ha "ido bajando los salarios". Sin embargo, agrega Ruiz, el único sector que no ha notado la crisis es el sector de la estiba dado que los Puertos han batido récords. "Ellos [en referencia al Gobierno y al PP] presumen de eso en su web, pero se lo quieren cargar", lamenta.
Ausencia del diálogo
"Nosotros queremos que se sienten a dialogar, dado que hasta ahora no se han preocupado por nosotros que estamos negociando con la patronal de la estiba", lamentó. "Sacaron el Real Decreto Ley a espaldas de sindicatos y patronal", aseveró Ruiz.
De esta manera, recordó que fue nada menos que en 2011 cuando la Unión Europea dio el aviso al Gobierno de que incumplía el Tratado de Libre Establecimiento de la UE, pero el Gobierno no modificó la norma hasta que denunciaron y la sentencia se publicó en 2014.
Por otro lado, criticó que el Gobierno intentara hacer ver a la opinión pública horas antes de la aprobación del Real Decreto Ley que se había reunido con los sindicatos, cuando en dicho encuentro no hubo "nadie en representación de los trabajadores".
Además, aseguró que si bien el Gobierno dijo que "garantizaba" los empleos, "no cambió la norma" porque seguían poniendo la cláusula sobre los despidos progresivos. "Lo dijeron para conseguir el apoyo de Ciudadanos, pero era falso", afirmó.
La huelga en Melilla
El delegado sindical apuntó que la huelga que se convocó era para que al menos el Gobierno "se sentara" y se "llegara a una propuesta alternativa", como hizo el Gobierno belga por el mismo problema quien no tuvo que despedir a ningún estibador. Aún así, dado que el real decreto se ha parado y los partidos de la oposición han mostrado su apoyo, han desconvocado la huelga.
"A nivel local la gente puede estar tranquila, porque aquí no va a faltar nada", aseguró el delegado sindical dada la situación especial de la ciudad. Ruiz explicó que a los barcos de pasaje de línea regular a Almería, Granada y Motril "no se les iba a hacer huelga" y en estos además de pasajeros vienen la mercancía del los grandes supermercados.
Sí que afectó a los barcos de mercancías al completo, a quienes no se les descargó y cargo la mercancía en días y horas alternas. Esto, advierte el delegado sindical, permite que "la mercancía salía, más lentamente, pero iba a seguir saliendo".
¿Por qué quieren superar la sentencia del TJUE?
Los trabajadores de la estiba sospechan que el hecho de que el Gobierno quiera superar las condiciones que marca la sentencia del TJUE es a causa de la "presión" de determinadas multinacionales como JP Morgan u otras empresas extranjeras especialmente de China, relata Ruiz.
Los trabajadores creen que hay otros intereses de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) que forman grandes empresas como Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé, por los que quieren "superar" la sentencia y achacan a dichos intereses la campaña de "desprestigio" del colectivo.
