Paralización de los Planes de Empleo, subvenciones insuficientes al sector empresarial, caos sanitario, horas y horas de espera en el tránsito fronterizo
Por Fidel Moga
Ignorar la potencialidad del mar es sinónimo de fracaso en el desarrollo de Melilla. El mar es una arteria vital para impulsar el crecimiento económico, social y cultural de nuestra ciudad, y debe ser un objetivo común de todos los agentes políticos empresariales y sociales.
La creación de una Subcomisión de Transporte Marítimo, que se constituye con posterioridad a la elaboración de los Pliegos que rigen la licitación del servicio público del contrato marítimo, descarta el consenso de los agentes implicados.
¿Cómo se pueden aportar propuestas que beneficien a los ciudadanos y al sector empresarial, cuando ya se han redactado y publicado su licitación?
Afortunadamente, el Tribunal de Recursos Contractuales da un hilo de esperanza, ha obligado al Órgano de Contratación a retrotraer las actuaciones, elaborando un nuevo Pliego de Cláusulas.
Es una nueva oportunidad para incluir las diferentes propuestas desde la vertiente empresarial, social y de los distintos partidos políticos en beneficio de la ciudadanía melillense.
No obstante, con Sabrina Moh, en representación del Gobierno de la Nación, el consenso y las propuestas de mejora son “papel mojado”. Así lo pone de manifiesto el Presidente de la Confederación de Empresarios Melillenses, cuando tras la publicación de la Resolución de 4 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se acuerda iniciar el procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías, con origen o destino en Melilla realizados en 2023, considera que la subvención cifrada en 125.000 euros es a todas luces insuficiente y que no responde a las demandas empresariales que durante 4 años se han trasladado a la Delegada del Gobierno y posteriormente al Secretario General de Transporte.
El camino ha sido largo e infructuoso: la seña de identidad de Sabrina Moh. Para la publicación del Real Decreto 332/2023, de 3 de mayo, por el que se regula la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Ceuta y Melilla, un proyecto que desarrolla la disposición adicional centésima vigésima novena, apartado 5, de la Ley 3/2017 de 27 de junio Presupuestos Generales del Estado, en el que se establece “con vigencia indefinida, un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre ambas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico-europeo”. El plazo para remitir las opiniones a través del portal web del Ministerio de Fomento finalizaba el 15 de diciembre de 2017, es decir un proyecto iniciado por el Gobierno del Partido Popular.
Una consulta pública sobre el proyecto de dicho Real Decreto que amplió su plazo de exposición hasta el 19 de noviembre de 2018 y que posteriormente se extendió en un segundo trámite de información y audiencia pública hasta el 23 de marzo de 2022, es decir más de seis años para incumplir con el principio constitucional de solidaridad interterritorial y no dar respuesta, a los condicionantes estructurales que afectan a Ceuta y Melilla, entre los que se encuentran la escasez de superficie y recursos básicos, el aislamiento de la península o la situación fronteriza, que dificultan el desarrollo de la actividad económica, el tejido productivo local y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos.
Sabrina Moh debería explicar a los ciudadanos y especialmente a la Confederación de Empresarios de Melilla por qué el porcentaje de bonificación para Melilla se cifra en el 50% mientras que para las Islas Canarias y Baleares es el 100% y debería conocer, como Delegada del Gobierno que ha mantenido varias reuniones con la empresa gasista Air Liquide, que la subvención establecida en una cuantía cifrada en 125.000 euros es totalmente insuficiente ya que tan solo el coste del transporte del suministro de oxígeno medicinal para el Hospital Comarcal asciende actualmente aproximadamente a 120.000 euros.
Una vez más, después de haber dejado pasar la oportunidad, la Delegada anuncia que el Gobierno estudia ampliar la partida de la bonificación al transporte “si fuese necesario”, es decir más de 6 años en su redacción ignorando el coste del flete marítimo para el transporte del oxígeno líquido medicinal al Hospital que prácticamente absorbe la subvención.
Cuanta desesperación debe tener la Delegada cuando saca a relucir actuaciones llevadas a cabo hace más de 4 años, como es la gestión del tacógrafo gestionada por Manuel Vázquez Neira.
¿Por qué Sabrina Moh tras la videoconferencia del día 8 de febrero de 2022 con la Secretaria General de Transporte y Movilidad no se posicionó ante la discriminación hacia los empresarios de Melilla en la aplicación de un porcentaje del 50% inferior al archipiélago balear y canario amparándose en el artículo 138.1 de la Constitución Española, que encomienda al Estado la garantía efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a la circunstancia del hecho extrapeninsular?
No se trata de un hecho aislado el ninguneo a la Confederación de Empresarios de Melilla por parte de la Delegada del Gobierno, más preocupada por su rechazo y confrontación con el Presidente de la Autoridad Portuaria que a impulsar medidas que proyecten nichos de negocios.
Así, a día de hoy, la propuesta de la creación de una oficina para el Registro Especial de buques de recreo, sigue siendo simplemente un proyecto transcurrido más de tres años de su presentación, propuesta que posicionaría a nuestra ciudad como un competidor real para este sector por nuestra ubicación geográfica, avanzando en la dirección de reforzar la formación en materia náutica y la posibilidad que empresas extranjeras y tripulaciones se posicionaran en Melilla de forma permanente.
Para ello tan solo era necesario la modificación del articulado del anteproyecto de la Ley de reforma del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Navegación Marítima, relativo al Registro de Buques y Empresas Navieras. Nuevamente el 15 de febrero de 2021 la Confederación de Empresarios, a través de su cuenta oficial de Twitter, pedía la colaboración de los partidos políticos con un angustioso mensaje: “No podemos perder la oportunidad”. Desafortunadamente para los empresarios, la Autoridad Portuaria de Melilla y para la ciudadanía en general aún no se ha materializado dicha modificación normativa a pesar que figurar en la ficha E2 M07 del Plan Integral de desarrollo socioeconómico de la ciudad de Melilla, cuya fecha de implantación era el verano de 2023.
(Mañana segunda parte)
