El pasado viernes el secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, confirmó la decisión en firme del Ministerio de Sanidad de proceder "a la retirada del copago ambulatorio hospitalario", es decir, la retirada de medicamentos de la farmacia hospitalaria que se decretó en 2013. La consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, ya mostró la postura favorable de la Ciudad Autónoma de eliminar este copago que asumió la administración local motu proprio.
El secretario general vino a ratificar así las palabras de Alfonso Alonso, en el momento de asumir la cartera de Sanidad y Consumo, partidario de poner fin a esta medida que se instauró en 2013. Rubén Moreno justificó esta decisión porque "dada la situación del país", se ha considerado que "había que revisarlo". A partir del 1 de octubre de 2013 los medicamentos que se dispensaban de forma ambulatoria en la farmacia de los hospitales a pacientes no encamados, estaban sometidos a copago. La aportación del paciente a esta compra era de un 10% del precio, con un máximo de 4,20 euros por envase. Este copago no se llegó a aplicar en la mayoría de las comunidades y en Melilla, la Ciudad decidió cubrir con sus propios recursos este gasto, compensando así a los pacientes afectados que debían presentar la factura correspondiente para que se le desembolsara el dinero aportado.
El copago, según el secretario general, "no pretendía ser desincentivador" ni "recaudatorio", sino que buscaba que "o todos hicieran una aportación" o que "nadie la haga". Afirmó que el copago "no tenía como objetivo, como en otro tipo de aportaciones farmacéuticas, que no se acumulara medicación en casa", sino que era un "sentido de equidad".
