El anuncio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que la encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil queda de momento aplazada, supone un alivio a los ciudadanos que veían en esta medida una privatización encubierta. Al titular de esta cartera, ante la situación que se encontró a su llegada al Ministerio bien se le puede dar el calificativo de apagafuegos, principalmente con la injusta Ley de Tasas Judiciales, felizmente derogada.
Hay asuntos en los que jamás el Estado debe hacer dejación como es la educación, cultura, sanidad y justicia, potenciando un mejor servicio a todos con fondos públicos bien gestionados, además de la existencia de lo privado en las tres primeras áreas mencionadas. En sus declaraciones Catalá ha expresado que el Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales mediante el consenso que quieren generar para lo cual la próxima semana convocará a las Comunidades Autónomas, sindicatos y otros representantes del sector de la Justicia para seguir trabajando en un servicio público y de calidad. Rafael Catalá tiene la idea de implantar en el menor tiempo posible algunos de los avances pretendidos como, por ejemplo, el registro automático de nacimientos y defunciones por vía telemática desde los hospitales. Pese a todo, y en declaraciones a este medio, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Melilla, Fernando Portillo, que es de quien depende el Registro Civil de Melilla, ha tildado de improvisada y poca seria la política de Justicia en un tema tan sensible como es éste área. No es normal, sigue insistiendo el Juez, que un proyecto que ya estaba en fase de enmienda en el Congreso de los Diputados se eche para atrás alegando razones conocidas desde hacía tiempo. La situación que se vive en el Registro Civil de Melilla, pese a la inversión ya realizada, precisa de más presupuestos, así como de un aumento de la plantilla, debido principalmente al gran volumen de trabajo que soportan los funcionarios, los cuales deben tener una especialización en la materia. En todo el tiempo en que se pensaba que los registros civiles iban a depender de los Registradores las dudas sobre si las gestiones, a partir de la fecha del 15 de Julio, costarían dinero o si se harían, como hasta ahora, en sede Judicial han planeado y han llenado de preocupación. Tanto o más que las cifras aportadas por el titular de Justicia en el Senado según las cuales el cincuenta por ciento de las quejas que se presentan hoy ante la Defensora del Pueblo por el mal funcionamiento de la Justicia tienen que ver con el Registro Civil. En el Informe del Alto Comisionado de las Cortes Generales se incide en la insuficiente dotación de medios humanos que provoca demoras en la atención al público. Estamos ante un nuevo tiempo donde se hace imprescindible, más que nunca, llegar al dialogo para solucionar asuntos de gran importancia para los que de nuevo se pide un gran pacto de Estado y así evitar la aprobación o derogación de leyes dependiendo de quienes estén en el Ejecutivo. Un servicio como el del Registro Civil que desde hace ciento cuarenta y cinco años se viene prestando debe seguir siendo público, gratuito y realizado por funcionarios judiciales.
