La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha destacado las dos nuevas medidas dirigidas a reforzar la atención a las personas mayores y con discapacidad en Melilla: la ampliación del acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la puesta en marcha del copago farmacéutico para más de 9.000 pensionistas de la ciudad.
En relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio, Mohamed ha explicado que el futuro Reglamento incorporará una modificación de los criterios económicos que permitirá elevar los umbrales de renta para acceder a esta prestación.
De este modo, personas con ingresos superiores a los actuales también podrán beneficiarse del servicio, aunque aportando una cantidad proporcional a su nivel de renta.
La consejera ha calificado esta medida como «un gran paso» hacia la universalización del servicio, al facilitar que un mayor número de personas mayores o con discapacidad, aunque no tengan reconocida una situación de dependencia, puedan permanecer en sus hogares con el apoyo necesario para desarrollar su vida diaria.
Mohamed ha subrayado que el objetivo es adaptar el servicio a las necesidades reales de la población y favorecer que las personas puedan seguir viviendo en su entorno habitual con una mayor calidad de vida.
Copago farmacéutico
La responsable de Políticas Sociales también ha avanzado que 9.121 pensionistas melillenses se beneficiarán del nuevo programa de copago farmacéutico impulsado por la Ciudad Autónoma.
La iniciativa, dotada con un presupuesto de 200.000 euros, está dirigida a los pensionistas titulares de la Tarjeta de Atención Sanitaria TSI2, quienes dejarán de asumir el coste de los medicamentos prescritos por la Seguridad Social.
El programa, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo mes de agosto en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla, pretende evitar que los beneficiarios interrumpan sus tratamientos por motivos económicos.
Según ha destacado Randa Mohamed, esta medida supone un importante respaldo para los pensionistas con menos recursos y busca garantizar que ningún mayor deje de seguir una prescripción médica por no poder hacer frente al coste de los medicamentos.
