CPM sumó ayer un nuevo capítulo al cruce de declaraciones que desde hace unos días protagoniza con el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Manuel Ángel Quevedo, respecto a si el puesto que ostenta como número dos del Gobierno melillense debe ser ocupado o no por una persona electa. La vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada cepemista, Dunia Almansouri, pidió a Quevedo que “se deje de personalismos y se atenga a la legalidad”, ya que al contrario de lo que éste dijo el pasado martes, lo que plantea CPM no versa sobre la persona, sino sobre “el cargo y las atribuciones que puede o debe tener en función de su situación”.
Almansouri, en rueda de prensa, dejó claro que CPM está “velando, sobre todo, por que se cumpla la legalidad” y evitar al Pueblo de Melilla “situaciones tan complicadas” como la que se dio en 2013, cuando una sentencia anuló numerosas multas porque la persona que las firmaba no era un cargo electo. Este caso judicial, según los cepemistas, no ha sido tenido en cuenta en el anteproyecto de Reglamento y Administración que ha presentado la Consejería de Presidencia y Salud Pública a los grupos de la oposición para su debate en el seno parlamentario.
La diputada de CPM recordó que esta sentencia señalaba que la Ciudad Autónoma de Melilla “es una entidad local con un estatuto especial”, de modo que su Asamblea “no puede aprobar un Reglamento mediante el cual se alteren competencias que corresponden a su presidente, que en Melilla ostenta la condición de alcalde”.
“Nos acusa de algo grave”
“Esta doble condición de presidente y alcalde es la que impide que las funciones las cumpla un cargo no electo”, argumentó Dunia Almansouri, que defendió la postura de su grupo político al plantear este asunto no porque ahora toque atacar a Quevedo, como lamentó éste anteayer, sino porque la situación que se está dando en esta legislatura es diferente a las anteriores, en las que el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, sí era un cargo electo.
Por ello, la vicepresidenta segunda de la Asamblea instó a Quevedo a que “se deje de personalismos” porque la actitud que está teniendo es “egocéntrica” al tratar de “personalizar algo que es una cuestión de legalidad y una cuestión totalmente política”. Además, opinó que si Quevedo dice que a CPM no le importa la legalidad es porque lleva “poco tiempo en política” y eso “le hace decir cosas que no son apropiadas”, aunque le instó a que responda si lo que está insinuando es que CPM no cumple la legalidad: “Nos ha acusado de un asunto grave no solo como partido, sino también como melillenses”.
Consejo de Estado
La diputada de CPM explicó que su partido está pendiente de recibir un informe del Departamento de Desarrollo Autonómico sobre esta cuestión, y también pedirá que el Reglamento que saldrá de la Asamblea pase por el Consejo de Estado “para tener garantías y la seguridad de que lo que estamos aprobando es de acuerdo a la legalidad”.
“Nos quieren imponer a alguien que no ha sido elegido por las urnas”
De igual modo, rebatió la acusación de Quevedo respecto a que CPM pretende que Melilla tenga menos autogobierno. “No tiene nada que ver, queremos que se cumpla la legalidad”, respondió Almansouri antes de insistir en que la razón de CPM es que no se pretenda restar a Melilla el poder de elegir a sus representantes. “Nos quieren imponer a alguien que no ha sido elegido por las urnas”, aseveró.
Almansouri también desmintió a Quevedo respecto a que su nombramiento como vicepresidente del Gobierno está garantizado mediante un informe jurídico del secretario general de la Asamblea, ya que según explicó la diputada, el propio portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, les reconoció tras el último Pleno de Control que lo que tenían era un argumentario escrito por un técnico que no puede ser considerado como un “informe vinculante”.
