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Quevedo acusa a De Castro de “decisiones arbitrarias” con el contrato de socorrismo de las playas

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Imagen de rueda de prensa del PP

El diputado local del PP Manuel Ángel Quevedo ahondó en la situación del contrato de socorrismo, que finaliza este viernes, y de cuyos problemas responsabilizó al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, por haber adoptado como órgano gestor “reiteradas decisiones personales incorrectas” y “arbitrarias”.
Enumeró cinco decisiones, la primera de ellas invitar a esta empresa a que presentara una oferta al contrato por vía de emergencia pese a que, en el proceso de adjudicación del contrato fue la única de las cuatro interesadas que no acreditó solvencia técnica ante la Mesa de Contratación.
Finalmente logró hacerse con el contrato de emergencia al presentar una oferta 40.000 euros más baja que la segunda, lo que supone una baja del 13,59 %, dando lugar a una falta de materiales que fue suplida con la cesión de medios técnicos de Protección Civil, entre ellos, una moto acuática, un quad, desfibriladores y camillas, lo que Quevedo considera “escandaloso”.
Quevedo criticó que De Castro se negara a romper el contrato y adjudicarlo a la segunda empresa del concurso a principios del verano pese a las advertencias del PP de que la adjudicataria no tenía capacidad de obrar ni el socorrismo como objeto social y, además, incumplió los pliegos en cuestiones como la fianza, el certificado de gestión de calidad y la presentación del seguro, según el PP.
Sin embargo, el diputado popular acusó al presidente melillense de haber querido revisar el contrato y “prolongar los tiempos” hasta que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma declararon nulo el contrato, cuestión que fue abordada en el Consejo de Gobierno el 13 de agosto, si bien ninguna de las otras empresas quiso optar ya a continuar con el servicio a falta de un mes para su fin.
El parlamentario local del PP criticó el “oscurantismo” con el que, según dijo, el Gobierno melillense ha gestionado este asunto, y acusó al presidente de mentir y culpar al interventor y a la empresa. 

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