Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Federación SOS Racismo e Iridia han instado al Gobierno a que cumpla con sus compromisos y elimine la Disposición Final Primera de la «Ley Mordaza» que adiciona la Disposición Final Décima a la Ley de Extranjería, que da cobertura jurídica estas expulsiones.
El texto de esta disposición establece en su primer párrafo que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Tras conocer la noticia de que los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, habían alcanzado un acuerdo para la derogación de esta normativa, el Ejecutivo ha comunicado su intención de extraer este tipo de prácticas de la Ley Mordaza para llevarlas a la Ley de Extranjería, “sin profundizar más en la cuestión”.
Las ONG señalan que numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por España y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos más básicos de las personas migrantes.
En este sentido, las organizaciones sociales quieren expresar su preocupación ante esta falta de concreción, al considerar que la única legislación posible al respecto es su prohibición expresa, al ser una práctica contraria a los derechos humanos.
“Las políticas y leyes, cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas, y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras”, lamentan.
