La Ministra de Igualdad, Irene Montero, confía en alcanzar un acuerdo con el PSOE para reformar la ley del ‘solo si es sí’, pese a la existencia de una «discrepancia fuerte» entre los socios de Gobierno, pero ha descartado dimitir si este acuerdo no se produce.
«Mi obligación es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos 20 años. Mi función es esa», ha destacado la ministra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
La titular de Igualdad ha asegurado «no poner límites» a la hora de negociar el acuerdo y ha expresado su confianza en el acercamiento de posturas. «Confío porque hemos mantenido negociaciones muy difíciles y no ha habido ley feminista en la que no hayamos tenido discrepancias y, al final, hemos llegado a acuerdos y esperemos que ahora las resolvamos».
Con esta finalidad, ha explicado que «las conversaciones son múltiples» para conseguir «dar una respuesta fuerte y unitaria», aunque ha declinado dar detalles al respecto. También ha reconocido, como «un escenario posible» que el PSOE decida aprobar una reforma sin contar con Unidas Podemos. «Uno en política siempre tiene que estar preparado para contemplar todos los escenarios», ha indicado Montero, aunque ha admitido que no le gustaría volver «al esquema de penas de la violencia o intimidación».
«Por eso me estoy dejando la piel desde hace meses para intentar llegar a un acuerdo y entiendo la ofensiva de la derecha política, judicial y mediática contra un avance feminista como éste».
En lo que si ha insistido es en la voluntad de Unidas Podemos en no renunciar a poner el consentimiento en el centro. «Siempre que ha habido una ley (feminista) ha habido una resistencia y por eso necesitamos una respuesta fuerte como Gobierno y he estado dispuesta incluso a que se me dijese que era una soberbia por no querer reformar, mientras yo no paraba de intercambiar papeles; quiero preservar la respuesta unitaria del Gobierno, pero desde luego, el consentimiento no se puede tocar».
En este sentido ha recordado la existencia de diferencias (con el PSOE) sobre «como reformar la ley y si se puede mantener el consentimiento como eje del código penal».
