La Ciudad Autónoma de Melilla se adherirá al Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente que se encarga de estudiar las reclamaciones y las quejas de los ciudadanos ante las diferentes administraciones públicas. En este caso, ante la Ciudad Autónoma, que no descarta crear más adelante un Consejo de Transparencia propio, para lo que ya se está elaborando el reglamento necesario. Según explicó ayer el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la que el Ejecutivo cumple la obligación de “aumentar los niveles de transparencia e información pública destinadas a los ciudadanos”, en virtud de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Esta adhesión al Consejo Estatal tendrá un pequeño coste para la Ciudad Autónoma, en función del número de quejas que sean derivadas desde Melilla. Conesa calculó que este año podrían ser alrededor de 3.000 euros.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente de los previstos en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno, indica que “la principal meta del Consejo, su razón de ser, es lograr una Administración mejor, más abierta y sobre todo más democrática, caracterizada por la transparencia y el gobierno abierto. Una Administración, en suma, donde no haya esferas de oscuridad”.
