El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el reparto de 50 millones de euros del fondo para la formación en competencias digitales para niños y adolescentes en riesgo de exclusión digital del que se beneficiarán más de 217.000 menores. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrado hace unos días, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de este montante económico Melilla recibirá un total de 229.700 euros, de los que se beneficiarán un total de 999 menores.
El programa competencias digitales para la infancia (CODI), que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca reducir la brecha digital abordando el problema de manera temprana y dotando de oportunidades de formación en digitalización a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Desde el Ministerio se desarrollará una plataforma digital que contará con contenidos con un máximo de 90 horas de formación, estará disponible en los idiomas oficiales y será de accesibilidad universal. Quienes cursen el programa serán registrados en una base de datos para reportar a la Comisión Europea y obtendrán una certificación a partir de las 50 horas cursadas.
Las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla podrán hacer uso de esta plataforma en sus territorios o habilitar otros mecanismos de formación siempre que se respete el contenido curricular y se garantice la obtención de los datos necesarios para hacer seguimiento del programa.
El programa, que está previsto que alcance a 950.000 alumnos a finales de 2025, ha sido diseñado para niños y niñas de 10 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años en situación de vulnerabilidad, si bien dada las necesidades específicas de los jóvenes extutelados se permitirá ampliar el rango de edad para atender a este grupo.
Se dará prioridad a los menores en situación de pobreza moderada, alta o severa, a los que residen en entornos altamente vulnerables (con altas tasas de pobreza o renta media baja), a niños y adolescentes con discapacidad, así como a aquellos con diversidad funcional, que estén en acogimiento, en situación de violencia o migrantes y refugiados.
