Aclara el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que en Melilla sólo se realizan las pruebas de determinación de edad a los menores o jóvenes extranjeros no acompañados que llegan sin portar documentación que lo aclare, y que en el caso de que la prueba arroje dudas, se fijará una edad inferior a la mayoría de edad para proteger los derechos e intereses del joven. Por este motivo entiende que no es aplicable a Melilla las críticas de ACNUR sobre la realización de forma indiscriminada de este tipo de pruebas en España. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, no comparte ni los argumentos ni la preocupación que expresa el representante Regional para Europa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), Jan Jarab, sobre el trato que dice reciben en nuestro país los niños migrantes, en especial los menores extranjeros no acompañados (MENAS), a los que asegura se siguen realizando pruebas de determinación de edad a pesar de llevar documentación que la acredite; una cuestión, asegura, que además contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La consecuencia de estas pruebas indiscriminadas, señala Jan Jarab, es que se deja "desamparado o en riesgo de expulsión" a estos menores en el caso de que por margen de error, esos test determinen que son adultos.
Melilla y la legislación
Desconoce el responsable de Servicios Sociales si en otros lugares de España se incumple lo que dice la legislación en materia de Menores, pero afirma que eso no se da en Melilla. "Lo que marca la Ley es que cuando un menor aparece en la ciudad y lo hace documentado, se hace caso a esa documentación y si no la traen, se les hacen las pruebas oseométricas de determinación de la edad, y la reseña policial para tener constancia de que ese menor existe, que está en Melilla", explicó.
Pero añadió que la ley también especifica que si existen dudas en la prueba de edad, la que se fije oficialmente estará por debajo del rango de la mayoría de edad. "Al menos así es como se hace en Melilla, aunque alguna ONG haya mandado denuncias a la Defensora del Pueblo" diciembre lo contrario. Reitera que "la realidad es esta y no tenemos ningún interés en hacer daño a los niños, ni tampoco en saltarnos la ley porque no se gana nada".
Precisó el consejero que las pruebas de edad, las radiografías, las ordena el Ministerio Fiscal junto al forense, que es quien después debe emitir su informe en el que determinar la edad del joven en cuestión. Después "nosotros recibimos el informe de Fiscalía". En cualquier caso, la queja de este representante de la ONU "no tiene que ver con Melilla".
La denuncia en cuestión recoge el caso concreto de un MENA en Madrid, al que a pesar de que la documentación que llevaba alegaba su minoría de edad, la prueba oseométrica dijo lo contrario y fue expulsado del centro de acogida e iniciado los trámites para su expulsión del país, como adulto irregular. Entiende también el consejero, que en ciudades como Madrid o Melilla, que reciben un número importante de menores extranjeros "pueda haber algún error administrativo, algún error procedimental asumible, pero no es algo que ocurra de forma sistemática".
Pruebas de edad
En la ciudad se someten a las pruebas oseométricas todos aquellos menores o jóvenes extranjeros no acompañados e indocumentados, que acceden a Melilla. Señaló el consejero que actualmente se realizan con bastante rapidez, apenas 24 horas después de que el joven en cuestión haya ingresado en el Centro de Purísima, bien porque haya sido localizado en la calle o porque se haya presentado por su propio pie en Comisaría. Este ritmo de trabajo ha permitido determinar la mayoría de edad de un número que supera el medio centenar de jóvenes acogidos en estas instalaciones.
Indicó que el centro de Purísima acoge a una media que fluctúa cada semana entre los 320 y los 330 residentes, entre los que se encuentran "unos 150 menores que llegan del país vecino con su tarjeta de identificación marroquí". Disponer de esta documentación facilita los trámites burocráticos, tanto de la reseña policial como de la Consejería. A lo largo del año 2015 han pasado por el sistema de protección de Melilla, en concreto, por el Centro de la Purísima, un total de 1.800 niños y jóvenes marroquíes. "Muchos de ellos han conseguido dar el salto a la península como polizones y esto provoca un peligroso efecto llamada que trae consigo el que haya muchos más que vengan a intentarlo", indicó.
La picaresca
El consejero señala que el tema de los MENAS no está exento de "cierta picaresca" por parte de muchos de estos jóvenes que llegan del país vecino que lo hacen sin documentación para acreditar su edad, hacerse pasar por menores y beneficiarse, entre tanto, de los servicios que la Ciudad pone a disposición de los menores desamparados, así como de la propia legislación en temas incluso penales. "Son muchos los jóvenes con más de 18 años que se han detectado a través de estas pruebas. También se dio el caso de un chico que dijo no tener documentación y que en el análisis forense se determinó que era mayor de edad y entonces, sacó su documento marroquí para demostrar que tenía 17 años y unos meses. Situaciones como estas te dan la sensación de que a veces se ríen de la legislación y que vienen a tomarnos el pelo", afirmó.
