La Asamblea de Melilla aprobó ayer con los votos de los tres grupos políticos que sostienen al Gobierno y de Vox la modificación del contrato de mantenimiento de parques y jardines, que varía 142.362,62 euros al alza por la incorporación de fondos covid destinados por el Estado.
El PP votó en contra de este asunto tras un debate en el que el diputado popular Manuel Ángel Quevedo defendió la postura de su partido al señalar que no está justificada la modificación del contrato y, según la Ley, para realizar ese cambio, “tiene que ser solo imprescindible”.
“A estas alturas de la pandemia, decir que es imprescindible echar lejía en zonas verdes, cuando el 99,9 % de la transmisión del covid es aérea y no en superficies, nos parece fuera de lugar”, argumentó Quevedo, que también señaló como otra razón para votar en contra la cuantía económica asignada a los trabajadores que se van a incorporar.
El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, le rebatió rechazando la “simpleza” del argumento empleado por el popular e insistió en que se trata de un fondo covid que se debe emplear para la lucha contra la pandemia y la generación de empleo.
Además, instó al PP a que diga que le parece que los operarios que se incorporarán en esta modificación del contrato “cobran mucho” y dejó claro que son las mismas cuantías que las establecidas en el contrato adjudicado por el anterior Ejecutivo, pero aplicando las actualizaciones de los convenios colectivos.
Mohatar también insistió en que los técnicos de Medio Ambiente y los de Hacienda han dado el visto bueno a esta modificación, si bien Quevedo reiteró que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, la modificación “no es legal” y que “está excedido” lo recogido en el expediente en cuanto a las cuantías, ya que “un peón de zonas verdes no cuesta 3.000 euros al mes”.
