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Medio Ambiente cambiará 2 contratos públicos con 3,35 millones para reforzar la desinfección covid

Estos dos asuntos fueron aprobados con el respaldo de los tres partidos que conforman el Gobierno (CPM, PSOE y Cs) y el del diputado no adscrito (Foto CAM)

La Asamblea de Melilla dio ayer luz verde a la modificación de dos de los contratos públicos más importantes que gestiona la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, concretamente el de limpieza viaria y el de mantenimiento de parques y jardines, que ampliará con 3,35 millones de euros para labores de desinfección por el coronavirus.

Estos dos asuntos fueron aprobados con el respaldo de los tres partidos que conforman el Gobierno (CPM, PSOE y Cs) y el del diputado no adscrito, ya que tanto el PP como Vox votaron en contra tras el intento de los populares de que ambas propuestas se quedaran sobre la mesa por considerarlas “extemporáneas”.
Así, los diputados del PP Miguel Marín y Manuel Ángel Quevedo recordaron que la pandemia comenzó hace 9 meses y tenía que haber sido entonces cuando se llevaran a cabo estas modificaciones en caso de ser necesarias, de ahí que reclamaran dedicar ese dinero a otras necesidades relacionadas con la salud pública.
Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, aludió en ambas cuestiones que estas modificaciones en los contratos permitirán mejoras en cuanto al empleo, ya que en el caso del servicio de parques y jardines, serán contratados 12 trabajadores para estas labores, mientras que en el de limpieza se mejorarán las condiciones laborales de 112 empleados.
De hecho, acusó al PP de “estar cuestionando que se contrate a gente” y advirtió de que “tendrán que explicarlo a los sindicatos y a los trabajadores”, algo que Marín negó al puntualizar que la crítica de su partido se debe a que el Gobierno “pretende colocar a dedo” a decenas de trabajadores con un dinero que el Estado ha destinado para luchar contra el coronavirus.
“Hablamos de salvar vidas, no de apaños y de meter a gente a dedo a trabajar”, dijo Marín que, posteriormente, a la finalización de la sesión plenaria, lo calificó como un intento de “clientelismo político” por parte de los tres partidos que conforman el Gobierno de Melilla.
En concreto, según Marín, la modificación del contrato de limpieza supone destinar 3 millones de euros del Fondo No Reembolsable que ha destinado el Estado a Melilla para “meter a dedo a 130 trabajadores durante 15 meses sin ningún tipo de control”, por lo que instó al Gobierno a explicar adónde tienen que dirigirse los desempleados melillenses para optar a uno de esos puestos.
El PP se mostró convencido de que ese es el propósito de la modificación del contrato público más importante de cuantos tiene adjudicados la Ciudad Autónoma y no para desinfectar viales públicos, algo que “no se cree nadie 9 meses después” del inicio de la pandemia, y tras 42 fallecidos y 4.180 contagiados.
El consejero negó la acusación del PP asegurando que con ese dinero se van a mejorar las condiciones laborales de 112 trabajadores del servicio que tenían contratos precarios, trabajando un día a la semana por 110 euros al mes, lo que a su juicio es “un desaguisado desde hace 20 años” dejado por el anterior Ejecutivo y que suponía “un auténtico drama humano”.
Además, aseguró que estos tres millones de euros “son necesarios para mejorar el servicio existente” de desinfección de las calles, a las que se reservarán 5 brigadas de 10 personas que también actuarán para desinfectar espacios públicos como centros educativos, universitarios y de salud.

Lejía
Durante el debate, el PP también puso en duda la versión del Gobierno al pedir explicaciones de por qué los 98.500 litros de lejía que se emplearán para la desinfección en esta modificación contractual tienen un precio que triplica el que se puede encontrar en cualquier comercio de Melilla.
A su juicio, esta es otra cuestión que evidencia que la propuesta es “errónea”, además del hecho de que con esta modificación contractual “se estarán desinfectando espacios hasta marzo de 2022”, cuando “ya estaremos todos vacunados”, algo que el consejero rebatió subrayando los pronósticos de que pronto habrá una tercera ola.
Respecto a la polémica de la lejía, Mohatar dijo que tendrán que ser los técnicos quienes indiquen si ese es el precio de mercado que corresponde, al tiempo que negó el enchufismo del que acusa el PP al señalar que la empresa adjudicataria tiene un apartado de demanda de empleo en su propia página web.
De igual modo, ante la petición del PP de que se destine ese dinero a otras necesidades relacionadas con la pandemia, el consejero de Medio Ambiente recordó que el Gobierno lleva destinados alrededor de 12 millones de euros a diferentes cuestiones sobre la covid, entre ellas en educación, políticas sociales y distritos.
De esta manera, rechazó expresamente una propuesta del PP para que se destine el dinero de estas modificaciones contractuales a la realización de test masivos a toda la población antes de Navidad y otra prueba después del periodo festivo, en enero, lo que a su juicio “sí es combatir el virus” y, máxime, después de que expertos en Salud Pública hayan constatado que el riesgo de transmisión del virus sobre superficie “es ínfimo”.

Doce contrataciones en el contrato de parques y jardines

Además del contrato de limpieza viaria, el otro que será modificado tras la aprobación de la Asamblea es el de mantenimiento de parques y jardines, que supondrá destinar 350.000 euros para la contratación de 12 trabajadores que, en opinión del PP, no son necesarios justo en un momento en el que el servicio será reforzado con 75 personas de los planes de empleo.
En palabras del diputado del PP Manuel Ángel Quevedo, con esta modificación, además de que “se está tirando el dinero”, el cual podría ser destinado a otras necesidades de salud pública, también se evidencia que “o no se ha estado haciendo bien la desinfección y ahora se va a hacer bien con la contratación de 12 personas o, si se ha hecho bien, no es necesario destinar más medios” para el resto de la pandemia.
El consejero rechazó la postura del PP al preguntar por qué habría que renunciar a este dinero estatal que “encaja en el objeto del contrato” y permitirá beneficiar a 12 familias con estas contrataciones de 25 horas semanales, lo que es “una obligación” para los gobernantes “dar esa oportunidad”.

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Redacción

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