Rafael Robles es diputado local del PSOE de Melilla
La política de becas sigue siendo una de las principales señales de identidad política del Gobierno de Pedro Sánchez y de los gobiernos socialistas desde el principio de la democracia. Una educación de calidad para todas y todos, reivindicábamos hace unos años cuando las políticas regresivas del PP nos hacían perder varios puntos en el ranking de la equidad educativa.
Para los que debemos nuestra educación a la educación pública y al sistema de becas, además de a nuestro esfuerzo y al de nuestras familias, no podemos de dejar de celebrar que el Consejo de Ministros, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, haya aprobado el nuevo Real Decreto de becas para el curso 2024-2025. Medida que actualiza los umbrales de renta elevándolos en un 5% y que permitirá unos 30.000 nuevos becados, de los cuales, unos 18.000 serán estudiantes universitarios.
Con el incremento de umbrales, además de haber más jóvenes beneficiados, habrá estudiantes que verán aumentar la cuantía de su beca al pasar de un umbral a otro. Este hecho representa una inversión “histórica” de 2.535 millones de euros, que suponen mil millones adicionales respecto al curso anterior, un 72% más de lo que destinaba al anterior Gobierno del PP, cuando la inversión era de 1.400 millones de euros en 2018.
En definitiva, una nueva convocatoria que sigue en la senda de avanzar en la igualdad efectiva de oportunidades y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que apuesta por que un mayor número de familias puedan obtener ayudas para la formación de sus hijos.
Además, el Gobierno sigue trabajando en el adelanto del calendario de pagos de las becas, para lograr que los estudiantes reciban al menos una cuantía fija de su beca antes del final de diciembre. En este curso, más de 700.000 alumnos y alumnas, que representan el 80% del total, cobraron la parte fija y un primer pago de la variable antes de finalizar 2023.
No olvidemos que la literatura científica sobre educación demuestra que “el mayor indicador del rendimiento escolar de un alumno es la situación socioeconómica de la familia y que las becas se utilizan para compensar estos condicionantes sociales y además la aprovechan más los estudiantes humildes”.
Lo que ningún argumento científico defiende, como así parece argüir la Comunidad de Madrid, es incluir a familias que ganan más de 100.000 euros al año en su política de becas bajo la tesis de que “las rentas medias son las que pagan y nunca reciben nada”. En la Comunidad presidida por Ayuso, “las rentas bajas pagan los estudios a las medias y altas, elevando la renta per cápita máxima para solicitar una beca de 10.000 a 35.913 euros per cápita, pagando así los estudios a familias con dos hijos que ingresan hasta 140.000 euros mientras defiende que las ayudas son para personas en situación socioeconómica desfavorecida”.
Mientras la educación privada prospera, por lo general, en Madrid, creciendo el Bachillerato privado cinco veces más que el público en la región y multiplicándose la FP superior de los llamados “centros de iniciativa social”, a lo público no le va tan bien. En conjunto, estos últimos cursos las personas que recibían una beca para gastar en estudios no obligatorios ofrecidos por centros privados subían una media del 70% respecto a cursos anteriores y el número de alumnos en la FP privada subía un 700%.
En Melilla, por suerte, estamos lejos de que las becas y la educación que beneficia a la privada prospere como lo hace en la Comunidad de Madrid, siempre y cuando las competencias sigan siendo del Ministerio de Educación y el Gobierno autonómico no ponga al Gobierno central en el punto de mira de la confrontación política, como viene haciendo últimamente con otros sectores como el sanitario.
Sin duda, siempre ayudará más que ambos Gobiernos se sigan poniendo de acuerdo, como han venido haciendo estos últimos años, en políticas para la conciliación y de apoyo en la etapa de infantil. Ello ha permitido que el inicio de estos programas se ajuste cada vez más al inicio del curso y que el esfuerzo por una educación de compensación de las desigualdades sea una realidad efectiva en una Ciudad que necesita más política de acuerdos que de confrontación entre administraciones públicas.
(* Rafael Robles es diputado local del PSOE de Melilla)
