Frente a las críticas del PP sobre la “poca eficacia” a la hora de gestionar los fondos públicos y los intereses que se pagarán en 2023 por la subida de tipos, el Gobierno de Melilla rebatió defendiendo que lo está haciendo bien
El PP ha denunciado que la Ciudad Autónoma de Melilla ha duplicado su deuda viva en esta legislatura por la solicitud de diferentes créditos bancarios, el último de los cuales ha sido aprobado este martes en el Pleno de la Asamblea por un valor de 45,1 millones de euros. Este asunto ha sido aprobado con los únicos votos de los grupos que sostienen el Gobierno de Melilla, ya que los dos partidos de la oposición, PP y Vox, han votado en contra.
Durante la sesión plenaria, el vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado local del PP, Daniel Conesa, ha informado de que la previsión de deuda viva que tenía la Ciudad Autónoma en 2019, año en que se produjo el cambio de Gobierno, era de 55.608.000 euros.
Esa cuantía, al finalizar 2022, se habrá multiplicado por dos con esta nueva operación de crédito aprobada, llegando a una previsión de endeudamiento financiero de 111.708.000 euros, ha insistido el PP, que lo considera injustificado “si esa ingente cantidad de dinero con la que se ha contado hubiera supuesto un revulsivo en la ciudad”.
“Es evidente que no ha sido así”, ha continuado el diputado local del PP, que también ha incidido en cuánto costarán los créditos solicitados por la Ciudad Autónoma con la subida de los tipos de interés, por lo que se ha preguntado si los 723.000 euros de gastos financieros de este año podrían llegar a tres millones de euros en 2023.
Frente a las críticas del PP sobre la “poca eficacia” a la hora de gestionar los fondos públicos, el Gobierno de Melilla ha rebatido defendiendo que lo están haciendo bien porque ahora la inversión es más del triple que la que hubo con el PP y, sin embargo, la deuda viva ha subido en menor proporción.
Ello indica, según la Ciudad Autónoma, que están gestionando de manera más eficiente y pagando antes los créditos, y ha insistido en que tanto la carga financiera como la deuda viva están muy por debajo de los límites establecidos por ley, con un 9,45 % y un 33,36 %, respectivamente, frente a los máximos permitidos del 25 % y 75 %, respectivamente.
