Las organizaciones sindicales CSI-F, CEP (Confederación Española de Policía) y AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) se juntaron durante la jornada de ayer para reivindicar el fin de la violencia a la mujer. Además de proceder a la lectura conjunta de un manifiesto, organizó una mesa redonda en la que contaron con expertos en esta área, como la fiscal especializada en Violencia de Género de Melilla, Laura San Pau. Según expuso, las condenas más relacionadas con este asunto son las de maltrato ocasional, las amenazas y los quebrantamientos de castigos. No obstante, afirmó que España cuenta con “una de las leyes más avanzadas del mundo” en materia de violencia. Los sindicatos CSI-F, CEP (Confederación Española de Policía) y AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) se unieron ayer para sumar fuerzas contra la lacra social que supone la violencia de género. Con motivo del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones sindicales organizaron una mesa redonda muy completa que contó, entre otros ponentes, con la fiscal de Melilla especialista en violencia de género, Laura Santa Pau.
La fiscal aseguró que los delitos relacionados que más se dan en la ciudad son el maltrato ocasional, las amenazas y los quebrantamientos de condena.
Sin embargo, Santa Pau destacó que penalmente se ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género, ya que, hasta 1995 «no se le tuvo en cuenta». En este sentido, subrayó que hoy contamos con la Ley Orgánica 1/2004, «una de las leyes más avanzadas del mundo” en materia de violencia.
«El éxito de esta ley radica en que considera el carácter multidisciplinar. No solo se preocupa de la tutela penal y de la tutela judicial de la violencia, que evidentemente es necesario y tienen que existir, sino que preocupa de la tutela institucional», explicó la fiscal.
Lectura del manifiesto
Durante el acto también se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se reivindicaba un pacto de Estado y social contra la violencia de género, además de poner de manifiesto la necesidad de que todos los agentes sociales sumen fuerzas para terminar con esta triste realidad. Así, se pidieron protocolos de movilidad para las empleadas públicas víctimas de esta lacra para garantizar su seguridad y su adaptación a la vida normal. Entre otras necesidades, se puso de manifiesto la importancia de realizar un seguimiento de las víctimas para poder evaluar los resultados de las medidas implantadas.
