Es poco probable que haya algún español, medianamente informado, que no se encuentre al corriente de lo sucedido esta pasada semana en Madrid. Me refiero al arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, que ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación en España y que ha sido objeto, igualmente, de comentario y análisis en muchos otros del resto del mundo.
Mucho se ha hablado, desde que comenzó la campaña electoral para estas elecciones, de la mayor o menor adecuación de los diferentes lemas de campaña que han incluido la palabra “libertad” como objeto de lo que en ellas se ponía en juego.
Comenzó la Presidenta por llamar la atención de los españoles sobre la disyuntiva entre Comunismo o Libertad, habida cuenta de la deriva ideológica en la que se había embarcado el Gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez, que tan reiteradamente se había manifestado en contra de la gestión de las circunstancias sanitarias, económicas y sociales, por las que atravesamos todos, por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
No parecía faltarle razón a la Presidenta cuando, ni más ni menos que el propio Vicepresidente 2º del Gobierno de la nación, decidió abandonar su relevante puesto en el Ejecutivo para disputarle la Presidencia, con el objeto, según él manifestó, de “parar a la derecha criminal”. Nunca ha ocultado el Sr. Iglesias el carácter comunista de su forma de entender la realidad española y su aversión personal por todo lo que representa la forma de entender la gestión de los asuntos públicos de la Sra. Ayuso en particular y del Partido Popular en general.
Pronto surgieron las voces críticas por parte de los allegados al Gobierno de la nación, que, dolidos por la disyuntiva planteada por la Presidenta, pretendieron sustituirla, con poco éxito, por una disyuntiva alternativa con la contraposición entre Fascismo o Democracia. Y es que el perseverante abuso del término Fascismo para definir todo aquello que se considera contrario a los intereses de los que enarbolan los postulados de la izquierda se ha convertido, para desgracia de sus usuarios, en algo carente de sentido, ya que al igual que ellos no reniegan del Comunismo, nadie, entre sus adversarios, reivindica las presuntas bondades del Fascismo, si es que las tuviera, por mucho que ellos se empeñen en ello.
Lo que sí resulta más que evidente es que la única manera que esta izquierda que nos ha tocado sufrir entiende como eficaz para la acción política es la de la anulación de la posibilidad de que sus postulados sean contrapuestos por otros alternativos. Para ello, utilizan la herramienta de la descalificación preventiva de cuanto proceda de sus adversarios, así como de sus adversarios mismos, insertando en nuestra sociedad el peligroso concepto del “cordón sanitario”.
Mediante el establecimiento de una cierta cultura de cancelación, pretenden determinar qué tipo de ideas o de plataformas políticas o sociales tienen derecho a ofrecer sus propuestas a la ciudadanía y cuáles no. Aquéllos que no gocen de su beneplácito son implícita o explícitamente excluidos del debate público. Así, mediante prácticas de linchamiento mediático y social, persiguen que las propuestas ofrecidas por formaciones políticas del arco parlamentario opuesto a la izquierda sean proscritas por la ciudadanía prácticamente sin debate y sin ser, por lo tanto, tenidas ni siquiera en consideración. Se trata, en suma, de un atentado a la libertad de todos los ciudadanos al que es preciso poner freno antes de que alcance consecuencias de las que todos nos tengamos que arrepentir.
El Gobierno de coalición al que nos ha conducido la política de pactos del Sr. Sánchez al objeto de garantizarse la permanencia sin límite de “Su Persona” en el Palacio de la Moncloa, aprovechando fraudulentamente, además, los calamitosos efectos de la pandemia, se ha embarcado en una serie ilimitada de actuaciones que, paulatinamente, conducen a la restricción de nuestra libertad.
Desde la designación de la anterior Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado, con su elección sectaria y dactilar de los elegidos para defender el interés público en el ámbito del Ministerio Fiscal, pasando por la designación provisional de la Administradora única de Radio Televisión española, provisionalidad que duró casi tres años, en los que el ente público alcanzó niveles de sectarismo nunca antes alcanzados en democracia, o las maniobras para alterar la independencia de los jueces, hasta la opacidad en la elaboración por aproximaciones sucesivas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recientemente enviado a las autoridades de la Unión Europea y del que los españoles nos vamos enterando paulatinamente, en algunos casos de medidas que representan un importante cambio de las condiciones fiscales a las que el Gobierno pretende someternos (el último del que hemos tenido conocimiento es el del pago por el uso de autovías y autopistas), la cantidad y calidad de nuestras libertades vienen viéndose sometidas a constante acoso.
Es por ello que la ciudadanía de Madrid ha respaldado tan abrumadoramente la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la que, en el uso de su derecho ciudadano, han dado crédito cuando les aseguraba que lo que estaba en juego en estas elecciones y de ellas hacia el futuro en los próximos compromisos electorales, era algo tan importante como la libertad.
