Carta del Editor. MH,1/2/2026
Enrique Bohórquez López-Dóriga
La historia nos demuestra que lealtad y libertad no son lo mismo. La actualidad nos señala que, hoy, son conceptos antagónicos.
Leo (los paréntesis son míos) que la lealtad institucional es un principio jurídico y ético que obliga a las Administraciones Públicas a colaborar (casi nunca lo consigue), respetar sus respectivas competencias (más bien pelear, sin respeto, por ellas) y actuar con buena fe, transparencia y cooperación (una broma pesada), buscando el interés general (del Partido) y la cohesión del Estado (otra broma pesada), especialmente en sistemas descentralizados. Evita conflictos (produce conflictos, más bien), fomenta la información mutua (la desinformación) y asegura el funcionamiento eficiente (casi nunca) de la estructura pública.
Libertad institucional y lealtad institucional, en Melilla, en estos tiempos, son conceptos antagónicos. Para ejemplo: la incómoda situación de los Jefes Superiores de la Policía Nacional en nuestra ciudad
La libertad institucional, frecuentemente ligada a la autonomía universitaria, es el derecho de una institución (como una universidad) a autogobernarse, definir sus planes de estudio, gestionar su personal y establecer políticas de admisión sin interferencias externas. Permite a la comunidad académica investigar y transmitir conocimiento libremente. Es la libertad de una institución de educación superior para ejercer su misión y estar libre de control externo.
¿Casan la libertad institucional y la lealtad, también institucional? Casi nunca. Vayamos al ejemplo próximo de Melilla. La Policía Nacional celebró, el martes pasado, en nuestra ciudad, el 202º aniversario del Cuerpo. El Jefe Superior de Policía de Melilla -flanqueado por el presidente de la CAM, Juan José Imbroda, y la delegada del Gobierno sanchista, Sabrina Moh (que no se pueden ni ver, dicho sea de paso)- destacó “la labor que desempeñan en Melilla los 604 (¡nada menos!) agentes, con responsabilidad, eficacia y lealtad institucional”.
Casi al mismo tiempo, la diputada por Melilla, Sofía Acedo, del PP, acusaba a Sánchez, todavía (como bien dice nuestro colaborador Miguel Platón) presidente de España, de “premiar la ilegalidad”, por lo de la regularización masiva de inmigrantes. Simultáneamente, la senadora por Melilla Isabel Moreno acusaba a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, de “sectarismo” y de “acumular fracasos y oportunidades perdidas para Melilla”, además de hacerla responsable del no funcionamiento de la Aduana Comercial.
Libertad institucional y lealtad institucional, en Melilla, en estos tiempos, son conceptos antagónicos. Para ejemplo: la incómoda situación de los Jefes Superiores de la Policía Nacional en nuestra ciudad.
Los periodos de mayor apelación a la lealtad institucional suelen coincidir con los momentos de menor libertad real
Menos libertad, más obediencia administrativa
Lo que hoy existe no es solo una discrepancia semántica, es una fractura moral. La lealtad, en su origen, era un vínculo personal: se debía a alguien concreto y, precisamente por eso, podía romperse cuando traicionaba la conciencia. La libertad nacía ahí, en el derecho —y a veces en el deber— de desobedecer. Hoy, sin embargo, la lealtad institucional se ha despersonalizado hasta convertirse en obediencia administrativa, en un mantra que exige adhesión sin pensamiento crítico. Ya no se pide cooperación: se exige alineamiento. Ya no se busca el interés general: se invoca como coartada.
El lenguaje jurídico, tan pulcro en apariencia, funciona aquí como un barniz. Bajo términos nobles —buena fe, cohesión, eficiencia— se esconde una realidad más cruda: la lealtad ya no opera como principio ético, sino como mecanismo disciplinario. No protege al Estado; protege al aparato. No garantiza estabilidad; garantiza silencio. Y cuando el silencio falla, llega el castigo ejemplarizante (vergonzante): al disidente se le llama desleal, como antes se le llamaba hereje.
La paradoja es brutal: cuanto más se proclama la lealtad, más se evidencia su ausencia real. Porque la auténtica lealtad no necesita consignas ni artículos legales; se reconoce en la cooperación sincera, en el respeto efectivo de competencias, en la transparencia que incomoda al poder. Cuando todo eso falta, lo que queda no es lealtad, sino miedo a quedar fuera.Y ahí es donde libertad y lealtad pasan de ser distintas a ser incompatibles. La libertad pregunta, incomoda, retrasa la unanimidad. La lealtad mal entendida exige rapidez, disciplina y aplauso. En ese choque, el sistema elige casi siempre lo segundo. No por convicción, sino por supervivencia.
Quizá por eso la historia insiste, y la actualidad confirma, una lección incómoda: los periodos de mayor apelación a la lealtad institucional suelen coincidir con los momentos de menor libertad real. No es casualidad. Es advertencia.
Resumiendo: esperemos que pronto se produzca la caída de los tiranos, como ha ocurrido con Maduro, como ocurrió, por ejemplo, con Ceausesco, Noriega, Duvalier, Rodríguez Francia (el personaje central de la novela ‘Yo el supremo’, del paraguayo Augusto Roa Bastos), Pot en Campoya, Gadafi en Libia, Husein en Irak… ¿Qué ocurrirá, cuál será el futuro próximo de otro tirano disimulante, Pedro Sánchez?
Para terminar, vuelta al Quijote y su famosa frase: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
