El Ministerio Público pidió dos años de cárcel para un hombre por ser el presunto autor de los delitos de amenazas y de violencia de género. Según consta en su escrito de acusación, amenazó de muerte a su mujer, a la que primero agarró del cuello y luego intentó agredir con un palo. La víctima, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar y manifestó su intención de retirar la denuncia a su marido. Al comprobar que la mujer no hablaba castellano pese a tener DNI de Melilla, la fiscal le advirtió de que pedirá una investigación para esclarecer cómo pudo obtener la nacionalidad sin tener conocimiento del idioma.
Un individuo podría ser condenado a dos años de prisión por ser el presunto autor de un delito de violencia de género en el ámbito familiar. Se enfrenta también a una orden de alejamiento e incomunicación por la que no podría acercarse a menos de 200 metros de su mujer en un periodo de dos años, ni establecer contacto alguno con ella. Asimismo, el Ministerio Público le pide 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad por otro presunto delito de amenazas.
Escrito de acusación
Los hechos que ayer llevaron a este hombre a sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla se corresponden al día 20 de abril de este mismo año.
Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado y su esposa mantuvieron una discusión sobre las 9.30 horas de la mañana en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Canteras de Pablo Pérez.
En el transcurso de la misma, el hombre agarró a su mujer del cuello y, tras zafarse la víctima, intentó agredirla con un palo de madera, siempre según la acusación del Ministerio Fiscal.
Asimismo, el organismo jurídico que vela por el interés de los ciudadanos recoge en su escrito que el procesado amenazó de muerte a la perjudicada: «Te voy a matar. Aunque vaya a la cárcel, cuando salga te mataré».
Derecho a no declarar
El hombre se acogió ayer a su derecho a no declarar. La mujer, que pese a tener DNI español precisó de la ayuda de un intérprete, manifestó finalmente su intención de retirar la denuncia. «La próxima vez no le perdonaré», dijo. Ella también hizo uso de su derecho a no testificar en contra de su marido.
Pese a que no se realizaron declaraciones, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de sentencia condenatoria para el procesado. Según expuso en su alegato, la documental médica venía a corroborar que la mujer sufrió lesiones en el hombro izquierdo y en el cuello a causa de las agresiones que, presuntamente, se produjeron a manos del acusado.
Presunción de inocencia
La letrada del encausado, por su parte, incidió en que el parte médico lo único que demuestra es que la mujer sufrió lesiones, pero no explica cómo se llegaron a producir ni las relaciona con su representado. Por este motivo, apeló a la presunción de inocencia de su defendido y reclamó una sentencia absolutoria.
La magistrada tendrá que dictar sentencia.
Investigar la nacionalidad de la víctima
Al comprobar que la perjudicada solicitó la ayuda de un intérprete, la fiscal le anunció que informaría al Ministerio Público para que investigase cómo pudo conseguir la nacionalidad sin que supiera hablar castellano, ya que es uno de los requisitos que hay que cumplir para su obtención. El acusado manifestó en la sala que la denunciante lleva 38 años residiendo en Melilla, pero que, efectivamente, no tenía conocimiento del idioma. Por su parte, la mujer explicó que no había llegado a aprender el idioma debido a que su marido le ha mantenido “encerrada”, impidiéndole que saliera de la vivienda. «Una persona que no habla español no puede obtener la nacionalidad. Es uno de los requisitos que se piden. De no cumplirlo, sería un fraude», declaró posteriormente la magistrada.
