Un grupo de juristas que han investigado las denominadas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla advirtieron ayer de que esta práctica seguirá siendo ilegales aunque se cambie la legislación española para “adaptarla a la realidad” de lo que ocurre en la valla fronteriza porque también infringe la normativa comunitaria. Así lo afirmó ayer José Miguel Sánchez Tomás, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y uno de los juristas que han elaborado el informe “Devoluciones en Caliente”, presentado ayer en el Campus de la Universidad de Granada (UGR) en Melilla. Durante la presentación, José Miguel Sánchez Tomás explicó que con las devoluciones en caliente “se hace una infracción del Derecho internacional, el derecho regional y los Derechos Humanos”. Concretamente, se refirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de ahí que “la pretensión de cambiar la norma para adaptarlo a la realidad que se está dando en las devoluciones en caliente no es posible”.
Ayer, durante la presentación en el Campus de este informe, sus autores defendieron que muchas de las devoluciones en caliente de inmigrantes pueden ser ilícitas penalmente. Por ello, Sánchez Tomás consideró “lógico” que se haya abierto un procedimiento en los juzgados para “depurar responsabilidades a través de la instrucción para ver si efectivamente se ha cometido o no un delito de prevaricación”, cuestión de la que ya se acusaba a la Guardia Civil en el informe antes de que el tema terminara en el juzgado.
Hay que recordar que el informe, elaborado en el marco del proyecto Iusmigrante, perteneciente al Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación que financia el Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad, causó un importante revuelo el pasado mes de junio, cuando fue presentado a nivel nacional en la Universidad Complutense de Madrid. Fue entonces cuando sus autores, todos profesores universitarios de Derecho, apuntaron que “la decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las expulsiones en caliente incurriría en responsabilidad penal por, entre otros, delitos de prevaricación y de coacciones”.
Esta conclusión se produjo antes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla abriera diligencias en verano para investigar las devoluciones de inmigrantes en dos saltos ocurridos el 18 de junio y el 13 de agosto, tras la denuncia presentada por varias ONG, por la que ha resultado imputado el coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por un presunto delito de prevaricación.
“Cuando la Administración es consciente de que se están llevando a cabo actuaciones que no tienen amparo legal, y pese a todo se persiste en esa conducta, en muchos casos es un indicio bastante serio de que podemos estar ante una prevaricación”, insistió ayer Sánchez Tomás tras recordar que las devoluciones en caliente son “una práctica casi inveterada”, habida cuenta que en 2005, en la crisis de las vallas, el Defensor del Pueblo ya advirtió de las devoluciones en caliente en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, después “la situación ha sido bastante silente hasta la tragedia del Tarajal” el pasado mes de febrero, cuando murieron 15 inmigrantes, momento en que “se dio un salto cualitativo importante” al ver en imágenes la entrega de los inmigrantes a las autoridades marroquíes.
Después, los máximos responsables del Ministerio del Interior “empezaron a justificar jurídicamente esas acciones”, lo que provocó la elaboración del informe presentado ayer por parte de un grupo de juristas “para intentar analizar cuál era la realidad jurídica del fenómeno”. “En ese momento es cuando se aprecia que de todos los argumentos en relación con esta práctica, ninguno era convincente” y que las devoluciones “carecían de cobertura legal”.
