Los seis juristas que representan a los catorce acusados del ‘Caso Abogados’ centraron ayer sus esfuerzos en apartar a los letrados investigados en esta causa. En el trámite de cuestiones previas reclamaron la nulidad de todas las actuaciones que tuvieran origen en la declaración que los abogados prestaron en sede policial en calidad de testigos, no de encausados. Por otro lado, intentaron desacreditar la legitimidad de la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla para personarse en este procedimiento como acusación popular y apelaron a la ‘doctrina Botín’, según la cual no basta con la acusación popular para sentar a una persona en el banquillo de acusados si no tiene el respaldo de la Fiscalía o la acusación particular. Ayer arrancó el juicio por el ‘Caso Abogados’, una causa en la que comparecen como acusados la ex consejera de Bienestar Social María Antonia Garbín, nueve funcionarios de la misma Consejería y cuatro letrados colegiados en Melilla. Todos ellos están procesados por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla tendrá que resolver si la Consejería contrató de forma ilícita a cuatro abogados externos de la Administración sin que se respetaran los procedimientos ordinarios ni los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, como apunta el Ministerio Fiscal y la Asociación Libre de Abogados (ALA), personada en esta causa como acusación popular.
Seis abogados defienden la presunción de inocencia de los catorce acusados. Entre los juristas de la defensa hay nombres conocidos, como el del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (Icame), Blas Jesús Imbroda; o el de María José Aguilar Silveti, quien se encarga de representar a Garbín en este procedimiento.
Cuestiones previas
Lo que ayer comenzó fue el trámite de las cuestiones previas. Se trata de una fase preliminar del proceso en la que las defensas y las acusaciones pueden plantear alegaciones sobre las pruebas propuestas o solicitar la posible nulidad de las actuaciones por una vulneración de derechos fundamentales.
Los seis letrados compartieron sus líneas de defensa en esta primera sesión. Las alegaciones que ayer presentaron tenían un marcado objetivo en común: que los cuatro abogados procesados fueran apartados del procedimiento.
En base a este propósito, las defensas reclamaron la nulidad de los informes que aportó la Guardia Civil. Según expusieron, los abogados implicados fueron llamados a declarar como testigos inicialmente. Pero, con posterioridad, la Policía Judicial de la Guardia Civil usó estas declaraciones para que fueran investigados en calidad de acusados. Un hecho que, a juicio de las defensas, «vulnera el derecho fundamental» de los letrados y provoca que el procedimiento haya quedado «viciado».
Este es el motivo por el que los abogados apelaron a la teoría de ‘los frutos del árbol envenenado’. No sólo solicitaron la anulación de los informes que contienen las declaraciones prestadas en sede policial por los letrados, sino la nulidad de todas las actuaciones que estas declaraciones pudieran haber originado posteriormente en la fase de instrucción.
La acusación de ALA
En el amago de que se retiren las acusaciones de los letrados, las defensas también trataron de desacreditar la potestad de ALA para personarse en esta causa como acusación popular. Entre otros argumentos, por el hecho de que la asociación no ostente la mención de utilidad pública.
En esta línea, los abogados de la defensa solicitaron que se aplicara la ‘doctrina Botín’. Según la misma, la acusación popular no basta para que una persona sea juzgada si no formula acusación contra ella el Ministerio Público o la acusación particular.
En este caso, la Fiscalía sostiene la acusación para Garbín y los nueve funcionarios, pero no para los cuatro letrados investigados.
Por otro lado, intentaron argumentar las defensas que la única entidad que habría estado legitimada para acusar a los letrados habría sido el Icame. Así lo sostuvo Blas Jesús Imbroda.
Según incidió el letrado, la entidad que dirige es la única con capacidad para defender el derecho de los abogados colegiados. Derecho que, según ALA, se vulneró al contratar de forma ilícita a los juristas procesados en esta causa. «El Icame no se ha personado porque entiende que no hay delito alguno», aclaró Imbroda
ALA defiende su acusación
La acusación popular replicó cada uno de los argumentos expuestos por las partes de la defensa. Por un lado, sostuvo que los informes de la Guardia Civil no se basan en las declaraciones de los testigos acusados, sino en una serie de documentos. «Las declaraciones son secundarias», refutó el representante de ALA, el abogado José Miguel Pérez. «Aunque se anule la declaración de los abogados, la documentación sigue estando ahí».
Por otro lado, ALA recordó que el Tribunal Supremo no planteó ningún impedimento a su personación en la causa como acusación popular, pese a no estar declarada asociación de interés público.
Asimismo, la asociación incidió en que existen numerosas sentencias dictadas por el TS que fallan en contra de la aplicación de la ‘doctrina Botín’.
En este punto, recordó la excepción de la ‘doctrina Atutxa’, según la cual la acusación popular sí podría sentar a una persona en el banco de los acusados cuando se tratara de un delito contra un bien jurídico cuyo titular no fuera un sujeto individual, sino la comunidad jurídica.
Cabe recordar que el TS falló en contra de la petición de la defensa de la Infanta Cristina, que pidió aplicar la ‘doctrina Botín’ para evitar que declarase como acusada en el ‘Caso Nóos’.
Próxima cita: el miércoles
El Ministerio Público prefirió esperar a mañana para exponer sus cuestiones previas en la segunda sesión del juicio por el ‘Caso Abogados’. El magistrado tendrá que resolver a favor o en contra de las alegaciones aportadas por cada una de las partes.
