Por Francisco Robles
El pertenecer al G-7, grupo de las 7 economías principales del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), ha sido siempre objeto de deseo de los gobiernos, entre ellos del de España, por lo que conlleva de poder decisión y prestigio. España nunca ha estado en el G-7, ni en el G-20, salvo como país invitado.
Pero no es de ese G-7 del que quiero hablar hoy, sino del Grupo 7 de la estrategia de vacunación frente al covid-19, ya que el Ministerio de Sanidad y otros organismos, era donde coincidían para administrar la cuarta dosis -en las personas de dicho Grupo 7-, en condiciones de alto riesgo (trasplantados, pacientes oncológicos o en hemodiálisis, infección con VIH, inmunodeprimidos, pacientes con inmunodeficiencia primaria y con Síndrome de Down mayores de 40 años). Recientemente se amplió a los mayores de 80 años, y parece que será en septiembre cuando esto se lleve a la práctica.
En este punto, la intervención de la ministra de Sanidad Darias al respecto, ha originado un importante revuelo y rechazo entre los profesionales, ya que Darias extendió la estrategia a toda la población y para el próximo otoño; las Comunidades Autónomas han manifestado su estupor o franca contrariedad ante ello, ya que si bien la Comisión de Sanidad ha debatido sobre el tema, ni en ella ni en el Consejo Interterritorial –órgano preceptivo y competente, al no estar ya en Estado de Alarma-, se ha tomado decisión alguna al respecto, y por ello el propio Ministerio de Sanidad tuvo que hacer una nota de prensa para encauzar y acotar –corregir, en definitiva- dichas declaraciones.
Lo cierto es que muchos expertos señalan que la respuesta inmunitaria a las vacunas tiene una fecha de caducidad, mostrando además la cepa Ómicron resistencia a la inmunidad que proporcionan muchas vacunas actuales, y en este lado hay que incluir al virólogo español del CSIC Luis Enjuanes –padre de un de las vacunas españolas-, ya que según él, la natural mutación viral y consecuente aparición de nuevas variantes, hace necesario revacunar con cepas actualizadas frente a las nuevas variantes.
Ý ello ocurrirá en septiembre próximo cuando la Agencia Europea del Medicamento autorice las nuevas vacunas, elaboradas frente a las variantes de la Ómicron, y así está recogido en los propios contratos de suministro de las farmacéuticas con la Unión Europea; por ello creo que a la ministra le traicionó el subconsciente, pero no hizo más que verbalizar lo que pensaba y sabía, porque aunque no creo necesaria la vacunación de toda la población, el modelo frente a la gripe podría ser válida en el caso del Covid-19. Siempre que –como no se ha dejado de repetir- no aparezca una variante mayor.
Por los motivos señalados, esa dosis –de refuerzo- ya se administra en muchos países como Israel (mayores de 50 años), Reino Unido (+ 75 años), Alemania (+ 60 años), etc… Y España no debería de quedarse muy atrás en dicha decisión, que desde esta columna se ha defendido que se haga en septiembre u octubre, coincidiendo con la campaña de vacunación antigripal –motivo logístico-y por ser la época del inicio de las actividades en ámbito cerrado como el curso escolar, o por la climatología que obliga a ello –motivo epidemiológico-.
N.A.- El prólogo político del Anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), anuncia que viene a cerrar la puerta a nuevos copagos, y a que se privatice la sanidad pública, ampliando la asistencia sanitaria universal, en clara referencia a la época del presidente Rajoy; es pertinente sólo una reflexión, en 2012 aquellas medidas fueron imprescindibles para salir –como se logró- del desastre socioeconómico existente tras el gobierno del presidente Zapatero. Deberán de tomarse por el gobierno de España que salga de las urnas en 2023, medidas como las de Rajoy o más duras incluso, pero tengo dudas más que razonables sobre si serán efectivas esta vez, ante la tormenta perfecta que padecemos.
