Tras la arrogante declaración del expresidente de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña el viernes 26 de Septiembre sobre el origen de su patrimonio, el Presidente Mas celebró el sábado 27 la pomposa firma televisada del Decreto de convocatoria de la consulta-referéndum del 9N sobre la independencia de Cataluña, al amparo de la publicada Ley de Consultas. Tanto la ley de Consultas como el decreto fueron recurridos, por inconstitucionales, el día 28, por el Presiente Gobierno de la nación y, automáticamente, suspendidos con todos sus efectos por el TC el lunes 29 de septiembre al ser admitidos a trámite. A continuación, ha habido declaraciones iracundas del Sr. Mas, el Parlament Catalán ha aprobado la creación de una junta electoral a cuyos miembros ha nombrado el Sr. Mas. Evidentemente, las decisiones y actos posteriores a la suspensión del TC son nulos y pueden encajar en diversos tipos penales. La conducta irresponsable del Sr. Mas y los independentistas se completa con alusiones a la desobediencia civil, insumisión, resistencia al TC, e incluso de posible violencia. Mal camino, necesitado de serenidad. ¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí?
Creo que todo está fundado en la desatención consciente, durante años, en Cataluña, de la exigencia del cumplimiento del ordenamiento legal y de las sentencias (por ejemplo: elección de lengua vehicular en las escuelas) por quienes deben velar por su cumplimiento; como corolario las autoridades autonómicas han pensado que autonomía es soberanía y, con deslealtad a la Constitución, iniciaron una senda que les ha llevado desde la aspiración de más competencias a la “construcción del estado catalán”, algo, por otro lado, artificial y no demandado por los ciudadanos. En el marco de este proceso “constructivista”, propio del nacionalismo, hay que encajar el desafío a la CE 1978 de la convocatoria del 27 de septiembre que pretende romper, unilateralmente, la unidad de España y la soberanía de todos los españoles.
Pero este proceso de desafío a la legalidad y de deslealtad al equilibrio constitucional, se remonta a años atrás; en efecto, no tiene su origen en septiembre de 2012 cuando el Sr. Mas exigió al Presidente Rajoy el concierto fiscal alegando la legitimidad popular por la manifestación de la Diada de ese año y cuya escena ha sido relatada por el propio Sr. Rajoy en el Congreso, con esta frase: me exigió un pacto fiscal y al recibir un “no”, amenazó con la independencia. Cabe decir que esta evolución trae causa en la dependencia que, ya el PP o el PSOE, tenían de los votos nacionalistas para alcanzar la mayoría necesaria para formar Gobierno, y que pagaban con cesión o inacción de las competencias exclusivas del Estado.
El catedrático español, de origen alemán, Juan J. Linz publicó en una obra colectiva de 1978, su trabajo: “The Breakdown of Democratic Regimes”, que se editó en España bajo el nombre “La quiebra de las democracias” (Alianza, 1987 y Obras Escogidas, tomo IV CEPC). En este interesante libro describe los elementos de la quiebra de una democracia, su proceso de caída y el fin de la democracia. Vale la pena leerlo con detenimiento pues el proceso de deslealtad de nacionalismo de Cataluña está prácticamente descrito en esa obra de fecha anterior y cabe compararlo con los rasgos comunes en diversos cambios traumáticos de régimen político. Linz alude, para encontrar los caracteres comunes que llevan a la quiebra de situaciones políticas, a La Marcha sobre Roma, la Machtergreifung de Hitler (el asalto al poder), la guerra civil española, Praga 1948…son momentos dramáticos que simbolizan cambios de poder… pero los hechos en sí son, en realidad, la culminación de un largo proceso, que pueden preverse y corregirse. Linz intenta construir un modelo descriptivo común en base a los diversos casos estudiados y comenta los problemas que llevan a la caída de una democracia. Como elementos que minan la legitimidad del sistema democrático cita las circunstancias económicas extremas (corrupción, pobreza, la inflación desbocada…), o la guerra, o la oposición desleal acompañada de movilizaciones de masas.
En España es evidente que vivimos un intento de inestabilidad que procede de la deslealtad de un partido político por lo que la reacción inmediata debe ser la unidad leal de los partidos constitucionales en la defensa de la legalidad, aunque les suponga un sacrificio en sus cálculos de oportunidad de oposición sin buscar términos medios. Precisamente Linz cita el conjunto de factores que llevó al poder a Hitler y fue clave la falta de visión de otros partidos, el socialista, principalmente, que no apoyó el equilibrio constitucional al no percibir el riesgo que su posición produciría a favor de los nazis.
CONCLUSIÓN: Los partidos políticos que respetan la Constitución han de actuar unidos en defensa de la Constitución y responder de forma clara, sin equidistancias, a la deslealtad de los que pretenden, con resistencia e incumplimiento de la ley y presión de la calle, romper el Estado de Derecho y la Democracia. El cumplimiento de la ley es el elemento esencial de la democracia, así que no cabe dudar de su aplicación.
