El informe de recomendaciones a España elaborado después de que el Estado se sometiese al Examen Periódico Universal de Derechos Humanos el pasado miércoles en Naciones Unidas, pide al Gobierno que garantice el acceso al asilo en Ceuta y Melilla y el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos a la población migrante, esté o no en situación irregular. Este documento, refrendado ayer, ha sido elaborado por un trío de países (Sierra Leona, Reino Unido y Macedonia) elegido para tal fin a partir de las recomendaciones particulares que han elevado cada uno de los 97 países que examinaron a España. El Gobierno tiene hasta julio para contestar. Aunque abarcan varias áreas temáticas, los derechos de los migrantes centran buena parte de las recomendaciones. En torno a una docena de países ponen el foco en las devoluciones sumarias y exigen a España que adopte "medidas efectivas" para garantizar los derechos de estas personas, poner fin a las repatriaciones forzosas, garantizar el acceso a los procedimientos de asilo según la normativa internacional.
Derechos
Es el caso de Japón, Rusia, Costa Rica, Israel, Canadá, Túnez, Austria o República Checa. La recomendación canadiense añade que se asegure una investigación independiente en las denuncias de malos tratos policiales en las fronteras y se garantice que "el marco legislativo español concerniente a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, con particular atención a las ciudades de Ceuta y Melilla, cumple sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluidas las garantías procesales".
Austria solicita que "se revisen las actuales prácticas de deportación" en las dos ciudades y República Checa, que España "garantice que la ley de inmigración y sus adiciones previstas, especialmente las relativas a permitir la devolución sumaria de migrantes y refugiados sin el debido procedimiento, están en consonancia con el principio de no devolución y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes".
Argentina, añade que se creen mecanismos de investigación y castigo o sanción cuando se produzca discriminación de estas personas en cualquier ámbito, pero específicamente para casos en que provenga de oficiales de policía, servicios judiciales y penitenciarios o de inmigración, mientras países como Jordania o Turquía piden que se salvaguarden los derechos de los migrantes y se apueste por la integración.
En este sentido, varios países expresan preocupación por la asistencia sanitaria en migrantes en situación irregular, asunto que en el informe se enmarca junto a una batería de recomendaciones a España para proteger a la población más vulnerable frente a los recortes económicos aplicados por la crisis.
Noruega pide que se hagan estudios sobre el impacto negativo que los ajustes presupuestarios hayan podido tener sobre el acceso universal a la salud o a la educación, particularmente entre los grupos vulnerables. Nicaragua, como Uruguay o India, pide que "se revisen y modifiquen, a la luz de este informe, las medidas que hayan podido obstruir el acceso a derechos como la salud, la educación o la vivienda de migrantes, en especial de mujeres y niños".
En este ámbito destacan asimismo, por numerosas, las recomendaciones a España para combatir los delitos de odio, la discriminación, la xenofobia y el racismo. Se le insta a desarrollar su estrategia nacional, a perseguir estas conductas y a promover la prevención de las mismas. Ghana, India e Irán piden en concreto que se garantice el fin de las identificaciones policiales basadas en perfiles raciales.
Malos tratos policiales
Sobre malos tratos policiales también hay una batería de recomendaciones, como la de Países Bajos, que versa sobre la necesidad de que España adopte medidas "legislativas, judiciales y administrativas para garantizar el derechos a una respuesta efectiva a quien denuncie haber sufrido malos tratos u tratos degradantes" y provea "el marco administrativo y judicial necesario para prevenir la impunidad de los agentes acusados de estos delitos".
Australia, Israel, Francia y Alemania, entre otros, piden medidas en este sentido, para que se monitoricen los procedimientos de detención y custodia, se creen mecanismos de control de las autoridades policiales ante signos de posible tortura o trato degradante cometido por miembros individuales, y se elaboren y concreten medidas políticas significativas para pevenir estas conductas. Irán, Irlanda y Pakistán, instan a España a abolir la detención incomunicada y a garantizar que los detenidos tengan inmediato acceso a un abogado.
En este capítulo destacan las menciones a las previsiones de la ley de Seguridad Ciudadana. Países como Rusia, Servia, Suecia, Chile, Costa Rica o Suíza, piden a España que garantice los derechos fundamentes de expresión, reunión pacífica y asociación, que evite "cualquier previsión legal que suponga un límite desproporcionado" de estas libertades y se regule a la luz de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Violencia de género
Otro de los bloques más amplios de recomendaciones es el de la violencia de género, con más de una treintena de peticiones instando a España a continuar sus esfuerzos en la erradicación de esta lacra, "tomar todas las medidas necesarias" para ello, prestar "especial atención" a la situación de las mujeres migrantes, o evaluar los obstáculos que se encuentran las víctimas de estos delitos para acceder a protección efectiva para mejorar el sistema.
También se urge a España a redoblar esfuerzos en la lucha contra la trata de personas y en particular, con fines de explotación sexual, incrementando la cooperación regional o implementando un plan estatal de medidas contra estos delitos.
