En España, desde hace tiempo, se están dando situaciones y actuaciones diversas, , por motivos políticos, de amenaza, intimidación y agresión física, cuyos autores utilizan esos métodos para intentar silenciar o “excluir”, al que no sigue fielmente los deseos del grupo político actuante. Karl Popper pronunció el 13 de marzo de 1981, una conferencia en la Universidad de York bajo el nombre de “On toleration”, en la que expuso con toda claridad la tensión entre libertad y tolerancia. Decía: “…temerosos de ser intolerantes, nos inclinamos a extender la tolerancia, como derecho, también a aquellos que son intolerantes, a aquellos que tratan de difundir ideologías intolerantes: ideologías que suponen el principio de que todo aquel que disiente de ellos tiene que ser suprimido por la fuerza…”. (En “Después de la sociedad abierta”, Mágnum; Paidos, 2014).
Explicó en su intervención que uno de los problemas más graves que tiene la democracia es la tolerancia con el intolerante y advertía de que la democracia no puede ser ingenua. Hoy en día, el legislador democrático debe dejar claro que la convivencia en paz, que es el fin perseguido por la CE de 1978 según dice el Preámbulo, requiere el respeto de la libertad y de los derechos ajenos, de modo que la policía y los fiscales han de exigir responsabilidades a los autores por sus actos de intolerancia. Evidentemente, no podemos sacrificar nuestra libertad de expresión, ni de manifestación ni ninguna otra sino, todo lo contrario, se trata de que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos democráticos y sean protegidos de quienes les oprimen, porque, ya conocemos, que los intolerantes disponen de medios para ejercer la coacción, amenaza e intimidación para imponer su ideología o sus creencias políticas o religiosas. En fin, son grupos perfectamente organizados que tratan de llegar al poder o conservarlo utilizando medios que reprimen las libertades y los derechos de los demás ciudadanos que deben reaccionar para defender sus derechos y libertades.
En Cataluña existen grupos que utilizan tácticas que pretenden, conscientemente, quebrar la tradicional convivencia plural, señalando, insultando o golpeando (por ejemplo al líder del PSC, Sr. Navarro) a quien no se pliega ante las ideas políticas nacionalistas, cuyos militantes quieren imponer “su” pensamiento único y obligatorio en “su” territorio. Ya son muchos casos; por ejemplo, impiden la libre elección de los padres para escolarizar a sus hijos en lengua oficial española, atacan a los asistentes a actos políticos de partidos no separatistas, o, simplemente, hacen el vacío social a alguna familia o a los “españolistas”. La democracia debe estar despierta y los partidos políticos y las asociaciones de ideario democrático liberal, debemos estar pendientes para rechazar, por antidemocrático y por ilegal, no sólo las acciones aunque sean de “baja intensidad” (eso que hay algún político dice que entra en el sueldo…claro, si recae sobre otros), sino también los mensajes intolerantes de grupos o personas que atacan la libertad ajena, discriminan a las personas y dañan a la propia democracia. También las instituciones y los gobernantes democráticos deben de responder, sin complejos, a esas acciones o mensajes de intolerancia. Como se dice habitualmente en el ámbito deportivo, respecto al racismo: debe haber “tolerancia cero con la intolerancia”.
El Código Penal de 1995 tipifica en los arts. 510 a 526 diversos delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución y también define la apología penal en el art. 18. Tipifican, entre otros, la incitación al odio racial y a la discriminación de cualesquiera personas en España, sean o no españoles; estos preceptos amplían, incluso, para el ámbito penal, el contenido del art. 14 de la Constitución Española 1978 que proclama la igualdad de todos los españoles y la no discriminación por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Así pues, la democracia debe protegerse, protegiendo las libertades iguales de los ciudadanos y la norma debe exigir a los gobernantes esa acción responsable frente a los intolerantes totalitarios.
Ese clima desagradable lo crean los intolerantes encizañando, inoculando odio, enfrentando a los ciudadanos e incluso a los familiares para hacer constar a “los otros”, de que la ideología imperante, única admisible, es la nacionalista. Así pues, hay políticos y partidos que abusan de las oportunidades que les brinda inocentemente la democracia y se aprovechan de la pasividad, de la buena fe o del temor de los “otros” que piensan distinto, Por ejemplo, el Sr. Homs, nacionalista catalán, ha dicho que “no se pueden criminalizar las ideas” intentando desvincular la agresión sufrida por el Sr. Navarro respecto del tenso ambiente social creado por el separatismo. Este Sr. puede defender sus ideas separatistas o independentistas legalmente, pero el riesgo de fractura social lo alienta él, que ocupa un cargo institucional, al no condenar ni rechazar las acciones violentas de quienes oprimen y restringen el derecho de los demás por discrepar políticamente.
Las ideologías nacionalistas radicalizan a sus creyentes que anteponen la identidad de “su pueblo” en su territorio a la convivencia plural de todos sus habitantes; por ello, son ideologías esencialmente “malas” para la convivencia, por ser antidemocráticas e intolerantes con las libertades y los derechos de los demás ciudadanos. No se nos puede olvidar a dónde llevó a Europa, y al mundo, la Alemania nazi y las cosas empezaron con desprecios, rencor, extorsión, y…pequeñas violencias, hasta llegar a los guetos, desplazamientos masivos y los campos de exterminio. La táctica de la exclusión de otras personas o grupos que piensan distinto, se agrava cuando se ejerce desde el poder de las instituciones y del presupuesto público. Esta intolerancia en el siglo XXI acredita que ha fallado el sistema educativo en la formación democrática, tanto de muchos ciudadanos como de otros tantos políticos.
CONCLUSIÓN: Kart Popper en la conferencia de 1981, “On toleration”, explicó el riesgo de la intolerancia que amenaza la libertad y la democracia. La democracia es un lujo, requiere que se cumplan las leyes democráticamente aprobadas y, exige la actuación responsable del Estado de Derecho para conseguir la convivencia de los ciudadanos como bien común perseguido por la organización política; así pues, la democracia debe estar despierta, no ser ingenua, y necesita que las autoridades actúen contra los intolerantes, en defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos.
