La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo ayer una operación simultánea en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, relacionada con el supuesto amaño de contratos públicos en la Ciudad Autónoma. Según informaron ayer fuentes judiciales, este procedimiento afecta a 35 personas, 15 de las cuales fueron detenidas ayer. Entre ellos, dos altos cargos de la Administración local: el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, y la gerente de la sociedad pública Proyecto Melilla (Promesa), Carolina Gorgé, además de altos cargos de la Administración local, algún funcionario y responsables de varias empresas que trabajan con la Ciudad Autónoma en materia de suministro de agua y seguridad. Para desarrollar la denominada ‘Operación Tosca’ se desplazaron a Melilla agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO, que llevaron a cabo desde por la mañana las detenciones y varios registros a domicilios particulares, una empresa pública y varias sociedades privadas.
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, que es el que lleva el caso, tiene previsto tomar hoy declaración a las 15 personas detenidas dentro de la investigación sobre varios presuntos delitos contra la Administración Pública, procedimiento que afecta a un total de 35 personas, entre los que hay políticos y técnicos de la Ciudad de Melilla, así como responsables de varias empresas.
Además, en los próximos días el juez irá citando para escuchar sus declaraciones a consejeros y técnicos de tres consejerías, que no fueron detenidos ayer pero a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho.
A los detenidos se les imputan delitos Contra la Administración Pública y a algunos también el delito de Blanqueo de Capitales y Falsedad Documental.
Entre los detenidos de mayor relevancia, se encuentra Gregorio Castillo, muy conocido en Melilla por su relación con el ámbito cofrade de nuestra ciudad. Además, hay que recordar que antes de ser designado director general de Seguridad Ciudadana, trabajaba como agente del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente en la Policía Científica.
También destaca entre los detenidos Carolina Gorgé, gerente de Promesa, que ayer estuvo presente en el registro que los agentes de la UCO desarrollaron desde aproximadamente las tres de la tarde durante más de cuatro horas. A su salida, los guardias civiles llevaban una caja con diverso material intervenido.
MELILLA HOY ha podido saber que otros de los detenidos son Víctor R., Javier D., Javier D. y Juan M., responsables de diferentes empresas que trabajan para la Ciudad Autónoma. También el director gerente de Canal Gestión Lanzarote, la filial del grupo Canal de Isabel II que gestiona el ciclo del agua en la isla, Gerardo Díaz García.
Desde 2012
La instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 4 con este procedimiento se inició a finales del año 2012 y ha contado con la investigación de la UCO centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas las empresas.
Las pesquisas de este caso se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de Melilla. Obtuvo esa información durante el desarrollo de la ‘Operación Ópera’, relacionada con Delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales.
Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo cargo de la investigación. En el mes febrero del año 2014, los investigadores realizaron nuevos registros en Consejerías de la Ciudad Autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general.
De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.
La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla y la Fiscalía de la ciudad y la ejecuta el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con otras Unidades de las provincias afectadas.
‘ Operación Ópera’
Las actuaciones por la ‘Operación Ópera’ comenzaron el 12 de septiembre de 2013 en la llamada ‘Operación Ópera’ y provocó la imputación de siete personas, entre ellas el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig (PP); el director general de Gestión Económica de este área, José Pastor; el funcionario de Medio Ambiente, Juan Carlos López Rueda; el ex Interventor General accidental de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, entre otros.
El Juzgado de Instrucción número 4 ha emitido un nuevo auto esta semana en el que saca tres piezas separadas del caso principal: una relacionada con la Viceconsejería y otras dos con dos empresas (Eulen e Himosa). Señala el Juzgado que la instrucción se inició para la investigación de un presunto delito de falsedad documental relacionado con la contratación administrativa, luego extendida a presuntos delitos de exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias.
La matriz de esta operación, la llamada ‘Ópera’, se concreta en esclarecer las presuntas “actuaciones irregulares”, presumiblemente constitutivas de los referidos delitos, de determinados órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en la contratación pública.
Estas actuaciones afectarían tanto a la contratación menor (dando lugar al fraccionamiento de los importes abonados por obras o servicios) a fin de eludir la contratación mediante concurso, como a la contratación mediante concursos públicos en los que se habría llevado a cabo una concertación previa entre responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración para determinar el resultado del concurso.
Todo ello, según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, con la connivencia entre las personas físicas o jurídicas encartadas y los responsables de las Administraciones públicas contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios recíprocos, en perjuicio del erario público.
