Más de dos horas duró ayer la vista en la que se trataba la acusación por presunta falsificación documental a ocho personas por conformar, según recoge el atestado resultante de la investigación de los agentes de la Policía Nacional, una organización para la "manipulación" de bastidores de vehículos que traspasaban a Marruecos. Ocho acusados para los que la fiscalía pide más de dos años para cada uno de ellos, lo que hace un total de 16 años de pena. La vista contó con trece testigos, gran parte de éstos últimos agentes de la Policía Nacional que habían sido partícipes de la investigación de este presunto delito. Una actuación a la que llegaron tras unas escuchas telefónicas por otra investigación, en la que se estaba estudiando un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Según emite el informe de la fiscalía se trataba de un delito de manera continuada en el que se "manipulaban" los bastidores de los vehículos que luego llevaban a Marruecos. Así, estos eran supuestamente variados en un taller de chapa situado en La Cañada y cuyas matrículas y material para la modificación de éstas se encontraron en la casa de uno de los acusados.
El Ministerio Público se basa también en los materiales que encontraron los agentes de la investigación como punzones, así como las manifestaciones realizadas por el instructor del caso en las que aseguró que para la "manipulación", sea cual sea, debe tenerse una autorización, la cual no fue encontrada en ninguno de los registros. La única modificación de las acusaciones que recoge el informe de la fiscalía ha sido el de F.B.A. que según contó en respuestas a las preguntas de los letrados, realizaba desplazamientos en Melilla para dos de los principales acusados N.B.A. y M.A., para el transporte de piezas y materiales de vehículos.
Asimismo, una de las principales pruebas que se presentaron durante la vista fue la detención de S.K., M.A., N.B.A. y K.A.M.B., cuando en el mes de mayo de 2010 agentes de la Policía Nacional fueron avisados de que uno de los vehículos "manipulados" iba a pasar por la frontera. Se trataba de dos automóviles, un Mercedes y un Peugeot, uno de los cuales sufrió una avería en la frontera. Un hecho que hizo que se tuvieran que parar para pasar la frontera, aunque finalmente no lo consiguieron ya que los agentes detectaron "a la vista" una manipulación de la matrícula. Por todo ello, estas cuatro personas fueron detenidas por un delito de falsedad documental.
El primer y segundo imputado M.A y N.B.A, según contaron durante la vista, se dedicaban a la compra venta de coches de Melilla a Marruecos, a la vez que en ocasiones sustituían matrículas, entendiendo "sustitución" según el acusado, como modificación de la chapa de las mismas, pero nunca según éste de los datos. Esta "sustitución" de la matrícula se realizaba en un taller situado en un garaje de La Cañada, en el que el acusado "echaba una mano", pero no trabajaba en el lugar. Sin embargo, estas declaraciones que realizó M.A. se contradecían en cuanto a lo reflejado en las declaraciones realizadas a los agentes, en las que acusaba directamente a O.H. y a los trabajadores del taller de realizar esas falsificaciones, contradicciones, que a su vez puso de manifiesto la fiscalía y que M.A. achacó a "presiones policiales".
Por otro lado, S.K. se dedicaba al transporte de los vehículos hacia Marruecos ya que M.A. no poseía carnet de conducir y cuando tenía algún cliente él era quien realizaba los transportes. Así, K.A.M.B. era quien según declararon varios de los acusados, hacía traspaso de mercancías, sobre todo bebidas alcohólicas a Marruecos, pero no se dedicaba a la compraventa de vehículos.
Otro de los acusados por este delito era O.H., un joven argelino sin papeles, cuyas versiones de su ocupación variaban según la investigación policial, los testigos o el propio acusado, el cual se acogió a su derecho de no declarar a excepción de de las preguntas de su letrado. En estas cuestiones realizadas por el abogado, O.H. asegura que se encontraba sin documentación y que "se buscaba la vida como podía". Y es que según explicaron otros acusados hacía de vigilante en el taller de La Cañada, donde se pasaba parte del tiempo, además de una casa que supuestamente tenía arrendada. Ahora bien, según recoge la investigación policial O.H. era el principal "cabeza" de toda la trama de falsificación de vehículos, ya que supuestamente era el arrendatario de la vivienda donde se encontraron las matrículas modificadas. Sin embargo, tal y como destacó su letrado, no existía ninguna prueba documental de ese alquiler.
También se encuentran entre los acusados R.E.B.A. y N.A. cuyos nombres no resonaron entre las declaraciones de las actividades que declaraban realizar los principales comerciantes. Es más, durante el juicio más de uno aseguró no conocerlos. Ambos han sido acusados a raíz de las escuchas telefónicas, aunque cada uno guarda una situación diferente. Supuestamente R.E.B.A. era quien desde Marruecos realizaba las compraventas. Sin embargo, más allá de su nombre de pila, ninguno lo conocía en aquella sala tal y como destacó su letrado. Sólo le conocía N.A. por una relación durante su infancia.
Tras las declaraciones de todos los imputados y testigos, el caso ha quedado visto para sentencia pero gran parte de los letrados presentes en la sala dudaron de la "objetividad" de las pruebas durante las conclusiones finales por no basarse en datos materiales y objetivos sino en "meras conjeturas y sospechas" de los agentes que estuvieron investigando el caso, al menos como tal y como se recogía en el atestado.
