La Consejería de Bienestar Social quiere acabar con las reticencias de propietarios e inmobiliarias a alquilar viviendas a las familias desalojadas tras el terremoto por temor a impagos, anunciado que la Ciudad correrá con el coste de la fianza y los seis primeros meses de alquiler. Así lo señaló ayer el consejero Daniel Ventura, que anunció que se va a modificar el reglamento de ayudas sociales al objeto de contemplar ayudas de hasta seis mil euros para afectados por catástrofes, y que puedan desde hacer reparaciones en sus viviendas, buscar una nueva casa o adquirir mobiliario. El consejero Daniel Ventura reconoció que los propietarios de viviendas se muestran "reacios" a firmar contratos de alquiler a "familias con bajos recursos económicos", razón por la que "hemos decidido, para tranquilizarlos y que se animen a alquilar, pagar la fianza, los seis primeros meses de alquiler y los gastos de papeleo" para permitir de esta forma que las familias desalojadas tras el terremoto del pasado 25 de enero y que se encuentran desde entonces alojadas en hoteles, puedan disponer de una vivienda. Indicó que desde enero, la Ciudad ha destinado ya cincuenta mil euros en el pago del alojamiento alternativo a estas personas, por "lo que hay que poner un tope y creemos que lo más razonable" es recurrir a esta nueva solución.
Al asegurar el pago de estos primeros seis meses, los propietarios de las viviendas alquiladas "dispondrán de tiempo suficiente para actuar en el caso de que las familias no respondieran económicamente a estos pagos o no cumplieran las normas de convivencia".
Es decir, que en estos seis meses, los propietarios podrían iniciar el desahucio de la familia que no cumpliera con sus obligaciones contractuales. "Técnicos de la Consejería, de Servicios Sociales, se encargarían de comprobar si las familias cumplen o no". De esta medida se podrían beneficiar las 23 familias que actualmente se encuentran realojadas en establecimientos hoteleros de la ciudad, tras verse obligados a abandonar sus hogares tras el seísmo de enero.
Animó a las familias alojadas actualmente en hoteles a buscar desde ya una vivienda en alquiler para poder trasladarse, porque lo que sí dejó claro es que "la Ciudad Autónoma no tiene ninguna bolsa de viviendas sociales".
Ayudas sociales
Por otro lado, el consejero señaló que el actual reglamento de ayudas sociales no contempla el alojamiento alternativo en el caso de situaciones sobrevenidas o catástrofes, de ahí que se vaya a modificar cuanto antes en previsión de que puedan darse nuevos acontecimientos imprevistos. La modificación que se está elaborando deberá pasar por comisión de Bienestar Social, por Intervención "porque requiere un aumento presupuestario" y por Consejo de Gobierno. Cuando se apruebe esta norma permitirá a la Ciudad Autónoma ofrecer una respuesta más inmediata a los afectados por catástrofes. De esta modificación se podrán beneficiar las 51 familias que se han visto afectadas por el terremoto, de las que actualmente 23 siguen acogidas en hoteles.
En concreto, la norma incluiría la concesión de una ayuda económica de hasta seis mil euros a los afectados por catástrofes, en función de la renta anual de la unidad familiar y el número de miembros. Los beneficiarios de esta ayuda económica podrían destinarla en el alquiler de una nueva vivienda, en arreglos en la vivienda propia en el caso de ser propietarios, o incluso en la compra de enseres y mobiliario. Aclaró que esta ayuda sería complementaria a otras que "le pudieran corresponder" a estos afectados de alguna causa sobrevenida.
Unos 300.000 euros para ayudas
El deseo del consejero es que esta modificación pueda aprobarse cuanto antes. Entiende que es "una norma necesaria, máxime teniendo en cuenta los seísmos que hemos estado padeciendo en los dos últimos meses y medio, y porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro". Con esta subvención contemplada en el reglamento de ayudas sociales, se evitará que, llegado el caso, "tengamos acogidos en hoteles a familias durante mucho tiempo, que además no es el entorno más adecuado". Prevé que en dos meses pueda estar aprobado y se pueda aplicar a las 51 familias damnificadas, en el porcentaje que les corresponda.
Estima Daniel Ventura que si se tuviera que ofrecer a las 51 familias el tope máximo de seis mil euros, el presupuesto estimado sería de 300.000 euros, dinero que no aportaría la Ciudad Autónoma, sino el Estado a través de la asignación presupuestaria extraordinaria aprobada en su día tras el seísmo.
