La Ciudad Autónoma de Melilla incrementará los controles a los que son sometidos determinados contratos menores de obras antes de proceder al pago, de modo que, a partir de ahora, un funcionario técnico, concretamente un arquitecto o ingeniero, deberá acreditar mediante un informe que los trabajos se han efectuado y se ajustan al presupuesto.
En rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha informado de que esta medida ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno y se aplicará a los contratos menores de “obras a tramitar en lo sucesivo”, y a las que “ahora estén en fase de reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos”.
De este modo, Conesa ha aclarado que afectará a los contratos menores que se adjudiquen en el futuro, pero también a lo que está pendiente porque el Gobierno actual “quiere asegurarse de que lo que se pague esté correcto”, para lo que se va a comprobar “minuciosamente” cada expediente.
El consejero se ha referido, concretamente, a los contratos menores de obras derivados de los presupuestos participativos, una iniciativa que puso en marcha el anterior Gobierno de Melilla, concretamente la Consejería de Distritos.
Conesa ha llamado a la tranquilidad asegurando que ese mayor control se hará lo más rápido posible para minimizar el perjuicio a los contratistas que han hecho la obra correctamente y que, a su juicio, podría afectar “a muy pocos”.
Ha recordado que el PP, actualmente en el Gobierno, se quejó mucho desde la oposición en la anterior legislatura por los contratos menores adjudicados por el anterior Ejecutivo, “y, sobre todo, de la muy mala realización” que sospecha que han tenido algunos de ellos, de ahí este mayor control, que es “una garantía adicional de que lo que se hizo, se hizo bien”.
