A través de esta medida, la Consejería de Políticas Sociales pretende “conocer de primera mano las necesidades de los menores”, y que los trabajadores del centro cobren “desde el primer minuto” y se les proporcione el material necesario para su labor
El Gobierno de Melilla ha encargado la gestión del centro de menores de La Purísima Concepción a la empresa pública ‘Tragsa’ para acabar con el actual enredo administrativo y solventar, de este modo, la situación del mismo.
En rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha explicado que, a través de esta medida, pretenden “conocer de primera mano las necesidades de los menores sin necesidad de ninguna empresa intermediaria” y mejorar las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores poniendo a su disposición “todos los medios materiales”.
Además, ha asegurado que se van a incorporar las partidas presupuestaria correspondientes para que la plantilla, compuesta por algo más de 140 empleados, cobre “desde el primer minuto” conforme al cuarto convenio estatal y, además, el 25% del plus de residencia.
Mohamed, que cree que ‘Tragsa’ podría asumir la gestión del centro de menores en un mes y medio, ha indicado que la intención del Ejecutivo melillense es “tomar el control” del mismo y solventar sus “irregularidades”, como el impago a los trabajadores conforme al cuarto convenio o la escasez de material.
“Entendemos que la mejor manera es finalizar este contrato de emergencia y poner fin al problema de los trabajadores, que es nuestra principal misión”, ha valorado, asegurando que la cantidad económica destinada a la atención a los menores se va a ver incrementada.
“Lo más coherente es paralizar esta situación”
A preguntas de los periodistas, la titular de Políticas Sociales niega que ‘Arquisocial’, la hasta empresa de gestionar el centro, pueda denunciar al Gobierno local por concluir dicho contrato de emergencia porque dice que éste último “se puede paralizar en el momento en el que entra otra empresa”
“Lo normal y lo más coherente es paralizar esta situación”, insiste, apuntando que dicha empresa debe 750.000 euros a los trabajadores por no aplicar el mencionado convenio, mientras que el Gobierno local debe abonarle tres millones por el servicio prestado.
