Minuto de silencio por las víctimas de la pandemia ayer al inicio del Pleno
Se trata habitualmente de impagos de personas que han podido fallecer o que se encuentran ilocalizables, por lo que no dieron respuesta a la notificación de la Ciudad Autónoma, que procede a anular dichas deudas
La Ciudad Autónoma de Melilla ha dado por prescritas deudas por un importe total de 1.854.130,42 euros al no haberlas podido cobrar en un plazo de cuatro años desde su notificación. Esta cuestión fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea en el apartado de comunicaciones oficiales y, según informó a preguntas de los periodistas la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, estas deudas son anuladas al no haber obtenido respuesta la Ciudad Autónoma en ese plazo.
Se trata habitualmente de personas que han podido fallecer o que se encuentran ilocalizables, por lo que no dieron respuesta a la notificación de la Ciudad Autónoma, que procede a anular dichas deudas mediante un expediente de carácter ordinario que se suele hacer a principios de año tras una revisión de recibos que no se han podido cobrar.
Almansouri explicó que se marcan como incobrables y se anulan para que la administración no vaya arrastrando todos los años “unos derechos reconocidos que no son reales”, razón de la aprobación de este expediente colectivo de baja del derecho reconocido pendiente de cobro.
Facturas sin tramitar
La consejera indicó que se trata de un trámite ordinario, al igual que otro expediente administrativo al que el secretario de la Asamblea dio lectura al inicio del Pleno, concretamente un informe de la Intervención con la relación de facturas que la Ciudad Autónoma no ha tramitado en un periodo de más de tres meses desde su anotación en el registro.
En este caso, Almansouri señaló que este trámite se realiza desde su llegada a la Consejería de Hacienda, por el cual se anulan las facturas que llevan más de tres meses en el registro sin que se hayan tramitado o sin que hayan podido ser reconocidas por la administración para dar posibilidad a los proveedores a reclamarlas para poder cobrarlas.
Se trata, dijo, de un trámite administrativo “acorde a la legalidad” que antes no se hacía.
Presupuestos
Por otro lado, Almansouri informó de que su departamento está a la espera de conocer si se ha presentado alguna alegación o reclamación a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma (PGCAM) de 2022, cuyo plazo terminaba este lunes. En caso de que sea así, tendrá que volver a pasar por comisión o pleno y, si no hay ninguna terminado el plazo, el presupuesto quedará aprobado de manera definitiva.
En cuanto al cobro de la plusvalía, la consejera dijo que la Ciudad Autónoma ha ampliado el plazo para empezar con ello hasta que pueda adaptar las aplicaciones informáticas a los nuevos tipos. Cuando eso ocurra, este asunto irá a comisión y pleno, habida cuenta que el expediente ya está listo y la administración solo está pendiente de poder tramitarlo de una manera efectiva.
