Entre los más de 60 investigados en la Operación Proa que lleva a cabo la Guardia Civil bajo la supervisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5, se encontraría el actual jefe de la Oficina de Deportes Náuticos de la ciudad, quien tras ser localizado por este diario declinó hacer cualquier comentario al respecto. En concreto, se trataría de un entramado en el que se convalidaría a través de dicho departamento titulaciones náuticas extranjeras por títulos de patrón de yate a partir de documentación falsificada y en la que ya han sido detenidos según la última información de la Guardia Civil unas 64 personas. El actual director de la Oficina de Deportes Náuticos es uno de los imputados en el marco de la Operación Proa, que investiga la Guardia Civil bajo la supervisión y dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5.
En esta se pretende esclarecer los responsables del entramado a través del cual se convalidaban titulaciones extranjeras por nacionales por un alto coste y sin respetar la normativa que regula dichas convalidaciones. MELILLA HOY se ha puesto en contacto con el imputado por la G. Civil como supuesto responsable, pero este ha declinado hacer cualquier declaración por el momento.
También estarían supuestamente implicados el director de la escuela Benalmard, una sociedad dedicada a la formación que se exige para la expedición de estos títulos y el responsable de Fornamed (Formadores Náuticos del Mediterráneo).
Los tres habrían sido llamados a declarar en sede judicial como supuestos implicados en esta trama en la que se investigan delitos de falsificación documental, según informaron a este diario fuentes cercanas a esta causa.
Dichas fuentes explican que ambas escuelas, apenas hace unos años con sede en Málaga, expedirían documentaciones en ocasiones falsificadas (certificados de determinadas prácticas o documentación de Capitanía) por la que los beneficiarios de estos títulos habrían pagado un alto coste, aunque obteniendo dicha titulación en un menor tiempo. Así, las convalidaciones se realizarían a través de la Oficina de Deportes Náuticos, motivo por el que se investiga la presunta implicación de su director.
Por su parte, el consejero de Educación y Deportes, Antonio Miranda, quien fue preguntado en rueda de prensa explicó que en cuanto a asuntos judiciales, serán los tribunales los que dicten quienes serán los acusados o no, pero no hizo referencia a ninguna medida cautelar.
Primeros 64 detenidos
La Guardia Civil ya informaba hace justo un mes mediante una nota de prensa de la detención de 64 personas en dicha operación, de las que al parecer, solo unas tres serían de la ciudad, según informaron dichas fuentes. Tal y como explicaba el Instituto Armado hace un mes el entramado se encargaría de manipular y falsificar (previo pago de dinero), las titulaciones náuticas extranjeras por titulaciones nacionales, en su categoría más alta de Capitán de Yate, así como de ofertar y publicitar sus servicios en páginas web oficiales vinculadas al mundo de la náutica.
Pago de 4000 euros por la titulación
Cabe recordar, tal y como informó la Guardia Civil que las personas a las que se les convalidaba el título llegaban a pagar hasta 4000 euros, lo que les permitía navegar y ejercer actividades profesionales como viajes turísticos o de transporte de personas en alta mar, con el consiguiente riesgo para la integridad de los viajeros y la seguridad marítima. Y es que, al ser falsa la titulación y no haberla obtenido por los cauces oficiales que acreditan su habilitación, sumaban el perjuicio económico ocasionado a las empresas legalmente constituidas.
Las falsificaciones y manipulaciones realizadas eran de distinta naturaleza, desde la presentación de titulaciones náuticas extranjeras falsas a autorizaciones de despacho de embarcaciones de recreo de Capitanías Marítima falsificadas y manipuladas e incluso certificados de superación de pruebas expedidos por una escuela náutica sin la presencia de los alumnos a dicha pruebas.
Las expediciones de estos títulos se hacían en una escuela Náutica de Melilla. Se ha podido constatar un total de 72 convalidaciones realizadas durante los años 2010 y 2011, todas ellas a personas de nacionalidad española que residían en las provincias de Pontevedra, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Ávila, Barcelona, Alicante, Madrid y Málaga, entre otras.
