“Inflación de periodistas en Melilla”. Así han calificado en ámbitos de la comunicación la gran presencia de profesionales de la información en la ciudad en estos días, atraídos por el caso del cura acusado de abusar de mujeres a las que sedaba. Todo ello después de que distintos medios nacionales hayan enviado a la ciudad a sus corresponsales para seguir desde la ciudad un suceso que ha atraído la atención de periódicos, radios y sobre todo televisiones de ámbito nacional. Mientras tanto, Blas Jesús Imbroda se ha hecho cargo de la defensa de la novia en Melilla del cura y la Diócesis de Málaga y Melilla se plantea personarse como acusación.
La Diócesis de Málaga está estudiando la posibilidad de personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga al sacerdote Francisco C, de 34 años de edad, por la presunta comisión de delitos de agresión sexual a varias mujeres, a las que supuestamente sedaba y grababa, el cual se encuentra en prisión desde el pasado 12 de septiembre. Así lo han confirmado fuentes de la Diócesis malagueña, institución que desde que se conocieron los hechos ha expresado su condena y que cuando supo por la Policía Nacional por qué estaba investigado el cura le retiró las licencias ministeriales para que no ejerza el sacerdocio.
Este mismo jueves, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha mostrado su «condena y rechazo» por este caso, aunque ha indicado que está «sub iudice» y «no es competencia de la CEE».
«Entiendo el interés que suscita esta cuestión pero no voy a hacer ninguna valoración personal», ha precisado respecto al caso de este cura, que recientemente había estado destinado en los municipios malagueños de El Burgo y Yunquera, y con anterioridad, en Carratraca y Ardales, también en la provincia de Málaga.
García Magán ha puntualizado que el «íter legal, civil está sub iudice y el iter canónico corresponde a la diócesis de Málaga, no es competencia de la Conferencia Episcopal». En todo caso, a título «personal», como obispo, ha expresado su sentimiento de «rechazo y condena» de esa situación.
En cuanto a lo que prevé la normativa de Roma y el derecho canónico cuando una persona denuncia un caso de agresiones sexuales por parte de un sacerdote, García Magán ha explicado que el obispo tiene que invitar a esta persona a «que denuncie ante las autoridades correspondientes». Además, ha precisado que «el ordenamiento canónico prevé que se abra un proceso de carácter administrativo para ese delito».
El caso se está investigando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Velez-Málaga, localidad en la que el cura fue detenido por la Policía Nacional. Inicialmente hay identificadas cinco víctimas, pero los investigadores no descartan la aparición de más en Melilla, Málaga o Córdoba, lugares en los que el arrestado ha residido.
La investigación se inició en agosto cuando una mujer, que decía ser su novia, denunció en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que había localizado en la vivienda un disco duro con archivos en los que aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante y a las que este hombre les realizaba todo tipo de prácticas sexuales.
(Imagen LIBERTAD DIGITAL)
