Varias organizaciones melillenses pedían la anulación de la orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno contra el colectivo de inmigrantes residentes en Melilla de forma irregular. Denunciaban que el procedimiento a la hora de notificar la resolución a los que fueron conducidos seguidamente vía marítima hacia Málaga, no ofrecía garantías legales por cuanto los inmigrantes no fueron asistidos por abogados e intérpretes.
El PSOE pedía la creación de una comisión de investigación para aclarar si hubo alguna irregularidad en la compra, por parte del Ayuntamiento, de los terrenos de la familia López Rueda por 110 millones de pesetas. El alcalde del PP reiteraba la legalidad del proceso. Varias organizaciones melillenses pedían la anulación de la orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno contra el colectivo de inmigrantes residentes en Melilla de forma irregular. Denunciaban que el procedimiento a la hora de notificar la resolución a los que fueron conducidos seguidamente vía marítima hacia Málaga, no ofrecía garantías legales por cuanto los inmigrantes no fueron asistidos por abogados e intérpretes.
El PSOE pedía la creación de una comisión de investigación para aclarar si hubo alguna irregularidad en la compra, por parte del Ayuntamiento, de los terrenos de la familia López Rueda por 110 millones de pesetas. El alcalde del PP reiteraba la legalidad del proceso.
