La compra de los terrenos de Santa Bárbara o López Rueda por parte del Ayuntamiento no había constituido ningún acto de prevaricación ni maquinación para alterar el precio de las cosas por parte de Ignacio Velázquez, alcalde de la ciudad y Enrique Remartínez, presidente de Emvismesa. Así lo recogía un auto del Juzgado de Instrucción número 3, que archivaba la denuncia presentada por el director de un medio de comunicación de la ciudad contra ambos ediles.
En cambio el Juzgado de lo Social dictaba dos sentencias por las que obligaba, tanto al Ayuntamiento como al Insalud, a repetir las elecciones sindicales a los comités de empresa de ambas instituciones al haber estimado los recursos presentados por CSIF, al que UGT había impedido concurrir.
