La Mesa del Congreso acordó remitir los proyectos de Estatuto de Ceuta y Melilla a los letrados de las Cortes a fin de que dictaminaran acerca de su constitucionalidad. Algunos de los integrantes del órgano de dirección del Congreso objetaron que unos Estatutos que no conducen a una comunidad autónoma tal vez no deberían tramitarse como leyes orgánicas. Curiosamente la Mesa del Congreso estaba controlada por el PSOE y el PP, es decir, los partidos que han pactado el contenido de los dos estatutos de los que entonces se cuestionaba su respeto a la legalidad.
Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, acusó al PP y, más concretamente, a José María Aznar, de crear un "problema sin base" en torno a las manifestaciones de Felipe González acerca de la necesidad de "dialogar" con Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
