La familia Alcaraz creía que había llegado el momento de que los melillenses conocieran las ilegales actuaciones que llevaba a cabo el gobierno de Enrique Palacios en la Cañada de Hidum y en terrenos de su patrimonio. Los copropietarios de la finca 2733, de 95.000 metros cuadrados, no descartaban demandar judicialmente a la Ciudad Autónoma, si no se llegaba a un acuerdo que devolviera a los legítimos poseedores los derechos que, según denunciaban, les habían sido vulnerados.
Más de mil militares de Melilla, con graduación de sargento, sargento 1º y brigada, se han visto afectados por unos recortes en sus salarios en el concepto de complementos específico. La situación originaba un gran malestar entre los integrantes de las Fuerzas Armadas que tenían que recurrir al Defensor del Pueblo.
