El alcalde de Marbella y presidente del Grupo Independiente Liberal (GIL), Jesús Gil, acusaba al Gobierno central de poner en marcha el aparato del Estado para ordenar su "asesinato político" al precio que fuese y advertía al presidente Aznar, que presentaría candidatura en Ceuta y Melilla.
No se descartaba que el Tribunal de Cuentas acabara investigando qué sucedió con el dinero recaudado a través de las cuentas pro damnificados del depósito de Cabrerizas del 17 de noviembre de 1997, si se aceptaba la petición formulada por el grupo socialista en el Congreso.
El sindicato SIAL acusaba al Gobierno de Enrique Palacios de irregularidades en la constitución de los tribunales para las plazas de delineantes y economistas.
