El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lejos de poner punto y final a la polémica suscitada respecto a la valoración de los puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma, abría varios frentes: el Consejo de Gobierno anunciaba la petición de un estudio a los servicios jurídicos del ente autonómico para conocer los defectos susceptibles de mejora en la comentada valoración. Los sindicatos no querían ni oir hablar de disminución en los importes de la nómina de los funcionarios y mantenían sus convocatorias de huelga.
Las primeras autoridades de la ciudad, flanqueadas por un grupo de ciudadanos melillenses, guardaban cinco minutos de silencio para llorar la muerte del concejal del PP en Sant Adriá de Besos, José Ruiz Casado, asesinado por Eta.
