Tanto el BLM (Bloque Localista de Melilla) como la coalición PP-UPM se comprometían a que en la próxima campaña electoral se equipararía el Estatuto de Autonomía con los que en ese momento estaban vigentes para las comunidades autónomas españolas. El BLM pretendía, de resultar elegidos, el desarrollo pleno de la Autonomía, mientras que PP-UPM no buscaba la ampliación de competencias, pero sí el reconocimiento a la Ciudad Autónoma del resto de potestades y otros derechos vigentes para las 17 Comunidades Autónomas reconocidas como tales en España.
Por otra parte, el delegado del Gobierno, Enrique Beamud, confirmó que se había solicitado la licencia para el barco rápido anunciado por el vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Crispín Lozano.
